Los periodistas en Perú hacen frente a la desinformación, los ataques a la prensa y una crisis política
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“No hay otra alternativa que enfrentar todas las campañas de desinformación, calumnias, descrédito y, también, las amenazas. Defender las investigaciones significa defender la verdad”, afirma Gustavo Gorriti, quien lidera un equipo de periodistas de investigación en el medio digital IDL-Reporteros, en Perú.
Horas después de esta entrevista, más de medio centenar de personas de organizaciones de ultraderecha atacaron la sede de IDL-Reporteros. La noche del 5 de mayo, insultaron y amenazaron a este periodista, reventaron bombardas y arrojaron bengalas, bolsas con basura y ramas en el estacionamiento del local, en Lima.
El más reciente de los cuatro ataques contra IDL-Reporteros, ocurrido en los últimos cuatro meses, fue dos días después de que publicaron un reportaje sobre la corrupción relacionada con el caso Lava Jato.
En un giro de la historia, un puñado de medios de comunicación había intentado implicar a Gorriti y al jefe de otro diario en el escándalo, acusándolos de tener vínculos con los directores de la controvertida constructora brasileña.
La historia de IDL-Reporteros, Anatomía de una difamación, ahondaba en cómo estos medios habían creado rumores para desacreditar a periodistas como Gorritti.
Este es solo un ejemplo de los recientes ataques a la prensa en Perú, nación que está cayendo en picada en el ranking de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, pasando del puesto 77 en el 2022 al puesto 110 este año. RSF advierte que los periodistas en Perú “a menudo son acosados o atacados por las fuerzas de seguridad” y que “algunos medios de comunicación previamente confiables han comenzado a publicar desinformación”.
Las investigaciones sobre corrupción, mal manejo de fondos públicos y violaciones de derechos humanos en Perú han convertido a periodistas y medios de comunicación independientes en blanco de ataques. Los reporteros han sido agredidos mientras cubrían protestas y han sido objeto de procesos judiciales, campañas de difamación y ataques de grupos extremistas.
La Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) en Perú, que está vinculada al sindicato de reporteros, ha detallado una serie de agresiones a periodistas que han intentado cubrir las recientes protestas sociales a gran escala. Advirtieron que 94 reporteros fueron atacados en enero de 2023; algunos resultaron heridos por los propios manifestantes, informaron, y otros por “policías”. El mes anterior la cifra de atacados fue de 59. El 7 de enero, el Comité para la Protección de los Periodistas informó que “agentes policiales amenazaron con matar a Aldair Mejía, fotógrafo de la agencia noticiosa española EFE, quien cubría manifestaciones antigubernamentales… Posteriormente Mejía recibió el impacto de un proyectil en la pierna derecha, el cual le fracturó la tibia, según las fuentes citadas”.
Ante las críticas por un nuevo ataque a la libertad de prensa en el Perú, el Congreso de la República retrocedió y, en segunda votación, archivó un proyecto de ley para aumentar las penas por los delitos de difamación y calumnia cometidos a través de medios de comunicación. El objetivo de la denominada “Ley mordaza”, era intimidar a la prensa, advirtió la Asociación Nacional de Periodistas, gremio que ha registrado 146 casos de periodistas llevados ante los operadores de justicia, como consecuencia de sus investigaciones.
Una crisis política que afecta a la prensa
Estos desafíos van de la mano con las múltiples crisis políticas del Perú. Seis presidentes han gobernado este país en los últimos seis años; tres expresidentes están presos en la misma cárcel: Alberto Fujimori, por violación de derechos humanos, Alejandro Toledo, por corrupción, y Pedro Castillo, acusado por intentar disolver el congreso el año pasado.
Desde entonces, 50 personas han muerto y cientos han resultado heridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, quien sucedió a Castillo.
Indignados, dolidos, sorprendidos, los periodistas de Convoca (donde trabajo como editora regional) y de otros medios independientes, nos dedicamos a investigar cómo ocurrieron estas muertes y publicamos videos, testimonios, documentos y otras pruebas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas en las regiones más pobres y olvidadas. La respuesta de la presidenta ha pasado de una mayor represión a un silencio cómplice.
Con la prensa bajo ataque, el periodismo de investigación casi ha desaparecido de los principales medios de comunicación. Como resultado, los medios digitales sin fines de lucro que no dependen de la publicidad estatal o privada, como IDL-Reporteros, Convoca, Ojo Público y Salud con Lupa, han tenido que seguir con el oficio.
Tras el rastro de la corrupción a través de las crisis y el COVID
Aunque los periodistas en el Perú enfrentan muchos desafíos, también hay oportunidades. Por ello, la cobertura de la corrupción ha ido cambiando, sobre todo con los “mega casos” que traspasan fronteras. Entendimos que es mejor ser aliados que rivales.
Investigar la corrupción es desafiante porque el poder político y privado utiliza mecanismos sofisticados para ocultar las prácticas corruptas, nos recuerda la fundadora y directora de Convoca, Milagros Salazar, quien en los últimos años ha apostado por el periodismo transfronterizo. Para investigar las redes de corrupción que tienen un gran impacto en la vida de los ciudadanos, tejemos redes colaborativas con periodistas independientes, medios y organizaciones periodísticas de varios países.
En Convoca, portal de periodismo de investigación y análisis de datos de Perú, nuestros reportajes tienen mayor impacto cuando unimos esfuerzos, como en el proyecto Investiga Lava Jato, con casos de corrupción que involucran a este país, Brasil, Argentina, Angola, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, entre otros; y la iniciativa transfronteriza Vigila la pandemia, sobre el mal uso de los fondos públicos en la lucha contra el Covid-19 en América Latina.
La pandemia del Covid-19 fue devastadora en la región. Y hoy en día, aún es una oportunidad para hacer investigación. Los más de 220 mil fallecidos que ha dejado en el Perú han puesto en evidencia el impacto de la corrupción en el sistema de salud pública. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el fin de la emergencia, en este país continúan las muertes por el virus del SARS-CoV-2. La última semana de mayo, las autoridades de salud reportaron 62 defunciones, la mayoría adultos mayores no vacunados.
En una nota más tradicional, los periodistas de todo el país han estado investigando el financiamiento público. Las intensas lluvias a principios de este año dejaron a miles de personas sin hogar, muchas de ellas en regiones que sufrieron inundaciones en 2017. Luego, se prometieron grandes fondos gubernamentales para reconstrucción y prevención, pero las obras se ejecutaron de manera deficiente o, en algunos casos, aún no han comenzado. Como resultado, más de 800 funcionarios estatales han sido implicados en actos de corrupción.
Si en Lima, la capital del Perú, es difícil hacer periodismo de investigación, en el interior lo es más. Por eso conformamos redes colaborativas con periodistas y medios locales, para aprender de ellos, compartir lo aprendido y apoyarlos en la difusión de sus reportajes. Con una sala de redacción itinerante, a la que denominamos “Investigatour”, acompañamos a reporteros en los rincones del Perú a hacer investigación y análisis de datos, de forma virtual y presencial. Viajamos con nuestro equipo periodístico hasta las regiones más alejadas, como la Amazonía.
Bajo ataque en toda la región
Los obstáculos que los reporteros investigativos enfrentan en Perú no son aislados. En los países vecinos, la prensa también tiene muchos retos. En Ecuador, los periodistas tienen dificultades provenientes del Estado y del crimen organizado. Los últimos han asesinado periodistas y obligado a otros a dejar el país, advierte Christian Zurita, fundador de la plataforma PeriodismodeInvestigación.com
“El gran desafío que tenemos en Ecuador es buscar que estas condiciones extremas que estamos enfrentando desaten, sobre todo en los jóvenes, la capacidad de desarrollar condiciones periodí́sticas superiores al resto, y no se vean abocados a la censura y al silencio, como ha pasado en los últimos 15 años en Centroamérica, que es el gran espejo en el que nos tenemos que mirar”, nos dice Zurita.
Para Óscar Martínez, jefe de redacción del periódico digital El Faro, investigar la corrupción en la región es cada vez más complicado debido a la persecución de los periodistas y sus fuentes, el acoso en línea de las «granjas de trolls» y el bloqueo de casi toda la información pública.
A pesar de que la ola de persecución ha llevado al exilio a periodistas de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, Martínez se muestra optimista. “Gracias a filtraciones como Guacamaya Leaks, a la valentía de algunas fuentes, que deciden hablar, nunca habíamos sacado más investigaciones de corrupción que desde que Nayib Bukele llegó al poder, en junio de 2019”, dice el periodista.
Para hacer frente al autoritarismo centroamericano de los gobiernos que persiguen y criminalizan a los que atacan al poder, periodistas de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala crearon, en noviembre pasado, la Red Centroamericana de Periodistas. “El silencio no es una opción”, advirtieron en su primer manifiesto.
En Perú, la situación de los periodistas no ha mejorado a pesar de las advertencias de varios organismos internacionales sobre ataques a la libertad de prensa. Los desafíos de investigar la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y otros problemas graves, en medio de la crisis política y social, son más grandes que nunca. Sin embargo, nada de esto nos detendrá.
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Elena Miranda es una periodista peruana que vive en Lima. Es editora regional en Convoca, portal de periodismo de investigación y análisis de datos. Ha trabajado en los diarios Correo, Ojo, Perú 21, Liberación y La República.