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El 9 de enero, hombres armados y enmascarados interrumpieron una transmisión de noticias en vivo en la estación TC Televisión en Guayaquil
El 9 de enero, hombres armados y enmascarados interrumpieron una transmisión de noticias en vivo en la estación TC Televisión en Guayaquil

El 9 de enero, hombres armados y enmascarados interrumpieron una transmisión de noticias en vivo en la estación TC Televisión en Guayaquil

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Ecuador: oleada de violencia amenaza al periodismo de investigación

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Ecuador ha sido sacudido por explosiones, secuestros de policías y disturbios carcelarios desde principios de enero, lo que amenaza aún más la libertad de prensa en el país sudamericano.

Las autoridades han culpado del estallido de violencia a organizaciones involucradas en el tráfico de drogas, al tiempo que han tomado medidas sin precedentes para controlar la crisis de seguridad.

El 9 de enero, después de que hombres armados interrumpieran una transmisión de noticias en vivo en una estación de televisión en la ciudad costera de Guayaquil, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un “conflicto armado interno” en el país.

Noboa, quien inició su mandato en noviembre de 2023, ordenó a las fuerzas de seguridad “ejecutar operaciones militares para neutralizar” a varios grupos armados que el gobierno ha clasificado como “terroristas”

Ya había impuesto una medida a nivel nacional: estado de emergencia, incluido toques de queda nocturnos y límites al derecho de reunión, luego de que el líder de la banda Los Choneros se escapara de un penal de alta seguridad. El líder de la banda rival Los Lobos escapó de una prisión separada al día siguiente.

Los recientes acontecimientos han agravado los riesgos para los periodistas en Ecuador, un país que también se ha visto afectado por la reciente violencia política. En agosto, menos de dos semanas antes de la primera vuelta de una elección especial para elegir al nuevo presidente, el ex periodista de investigación y candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado cuando salía de un mitin político.

El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Estados Unidos, emitió un informe especial en junio advirtiendo una “tormenta perfecta” que incluía agitación política y aumento de la delincuencia. Estos factores ponen en peligro la seguridad de los periodistas. Ya este año, un periodista ecuatoriano huyó del país, seguido de otros nueve en 2023, según Fundamedios, una organización sin fines de lucro que aboga por la libertad de prensa. El periodista, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, recibió amenazas durante meses tras informar sobre irregularidades en contratos públicos.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) habló con Paúl Mena Mena, periodista de investigación del periódico El Universo y miembro del ICIJ, sobre el estado de la libertad de prensa en Ecuador y el impacto en el periodismo de rendición de cuentas en la región.

¿Qué ha sucedido en Ecuador en las últimas semanas?

PMM: El Presidente declaró un conflicto armado interno en nuestro país. Identificaron 22 grupos terroristas que se han convertido, con esta declaración, en objetivos militares. Esta decisión se produce tras una ola de violencia en el país. No fue la peor ola de violencia que hemos vivido en los últimos años, pero sí la más impactante. El país —y el mundo— vio en vivo cómo poco más de una decena de jóvenes, entre ellos adolescentes, se apoderaron de las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, mientras transmitía la última parte de su noticiero. Posteriormente la policía logró someterlos y liberar a los rehenes que tenían cautivos, entre ellos periodistas.

¿Cómo afecta esto al trabajo de los periodistas y, en general, a la libertad de prensa en el país?

PMM: El ambiente aquí en Ecuador, entre los periodistas, es de mucho miedo y me preocupa que esto esté provocando autocensura. Ese miedo ha ido creciendo desde 2018, cuando un grupo disidente, el grupo Oliver Sinisterra, secuestró a tres periodistas de El Comercio que luego fueron asesinados.

La situación de los periodistas también ha empeorado debido a la crisis económica, el golpe de la pandemia y el cambio de modelo de negocio con la digitalización de los medios. Por ejemplo, el diario El Comercio ya ha cerrado sus puertas.

Desde 2021 se reportan constantes oleadas de violencia, especialmente en las cárceles, donde se han producido masacres de decenas de presos y, paralelamente, amenazas contra periodistas que cubren esta violencia.

En 2022 se produjo el asesinato del periodista Gerardo Delgado, que luego supimos fue planeado por grupos de narcotraficantes. En 2023 hubo nueve periodistas exiliados de Ecuador porque sus vidas estaban en riesgo: periodistas que cubrían el tema de la seguridad pública. Ya este año, en estos pocos días de 2024, tenemos un periodista que abandonó el país.

Este fin de semana estuve hablando con periodistas de una ciudad costera donde Los Lobos [el grupo del crimen organizado más grande del Ecuador, según las autoridades] tienen total hegemonía y me contaron su impotencia al no poder publicar mucha información porque es muy peligroso para ellos. Sus vidas estarían en peligro…

Creo que lo que crea este ambiente de miedo es que la mayoría de los medios se dedican a documentar la violencia y repetir las declaraciones oficiales. Muy pocos investigan la violencia en profundidad para descubrir por qué ocurre y quiénes son los actores, tanto dentro como fuera del Estado.

Es un buen momento para pensar en colaboraciones transnacionales ya que de repente Ecuador es el punto más visible de violencia, debido a todas estas olas y la toma de TC Televisión, pero las raíces de este problema van más allá de las fronteras de Ecuador.

¿Podrías describir la logística de tu trabajo en este momento? ¿Cuáles son tus condiciones laborales? ¿Has tomado alguna precaución especial?

PMM: Una vez que vimos en vivo la toma armada de TC Televisión, casi todos los medios de comunicación, por no decir todos, redoblaron sus medidas de seguridad. Algunos medios optaron por el trabajo remoto.

Desde entonces, algunos periodistas realizan su trabajo desde casa, y otros, que tienen que hacer coberturas en las calles, salen con chalecos antibalas y cascos. He visto compañeros que han recorrido barrios donde el ingreso ya estaba prohibido desde hace muchos meses, especialmente en Guayaquil y ciudades aledañas. En ciertas zonas ni siquiera la policía pudo entrar. Ahora con esta declaración de conflicto armado interno, los compañeros han podido acceder a esos territorios con todo el equipamiento de seguridad, protegidos por las fuerzas de seguridad.

En cuanto a tu trabajo periodístico, ¿cuáles son tus mayores miedos o preocupaciones?

PMM: Creo que el Presidente Noboa cuenta con el apoyo de la ciudadanía en su decisión de declarar un conflicto armado interno ya que la mayoría de los ecuatorianos son víctimas de extorsiones por parte de grupos criminales. Es un delito que está muy extendido en el Ecuador y la ciudadanía está cansada. Pero poner la política de seguridad en manos de las fuerzas armadas genera muchas preocupaciones, ya que hay mucha evidencia de que grupos de narcotraficantes se han insertado en las fuerzas de seguridad.

En Ecuador no tenemos un sistema de control sobre las fuerzas de seguridad. Si bien existen autoridades civiles a cargo de estas instituciones, creo que el Presidente Noboa ha cometido el error de nombrar para cargos [de supervisión] a personas con un perfil inadecuado.

Como ministro de Defensa, tenemos un empresario en seguridad privada. El ministro de Gobierno está a cargo del Ministerio del Interior y, al mismo tiempo, el ministro de Gobierno es el abogado personal del presidente. Al frente del SNAI, institución encargada del control penitenciario, se encuentra un empresario cuya actividad económica está muy alejada de la cuestión de la seguridad. Entonces no hay civiles con el perfil ideal al mando de las instituciones de las fuerzas de seguridad. También me preocupa el hecho de que la respuesta [del Presidente Noboa] autorizando el uso de la fuerza… vaya a conducir a más violencia. Y estoy esperando la respuesta de los grupos del crimen organizado.

Hay lagunas de información… Siempre se habló de 11 grupos y de repente aparecieron 22 grupos terroristas en el decreto del presidente. Así que no sabemos claramente qué pasó allí: si la policía nos ocultó información sobre la identidad de todos los grupos o cuáles son los criterios con los que el gobierno considera terroristas a ciertos grupos.

Vemos que en otros países, después de declaraciones de guerra contra las drogas, ha habido registros de falsos positivos [como civiles asesinados], y fosas comunes de cadáveres no identificados de los que nadie se responsabiliza.

¿Cómo está cambiando esta nueva realidad el foco de tus investigaciones?

PMM: No me gusta hablar de investigaciones, sobre todo por cuestiones de rigor y método periodístico, pero lo que sí puedo decir es que cada vez es más común que cuando uno investiga cualquier tema, se topa enlaces con grupos criminales vinculados al narcotráfico. Nos ha pasado investigando temas de obra pública o de compra de medicamentos, de contratación pública en general o de atención a servicios ciudadanos básicos. Esto se debe a que estos grupos están apoderándose cada vez más de la economía formal del país. Este es un desafío para los periodistas. Se puede abarcar cualquier ámbito o especializarse en cualquier tema pero cada vez es más necesario entender el funcionamiento del crimen organizado y el lavado de dinero. Recomiendo reforzar los planes de seguridad, tanto digital como física. Esto es ahora algo de lo que no se puede prescindir en Ecuador.

Esta artículo fue publicado originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y se publica aquí con autorización. 

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Brenda Medina es reportera de investigación del ICIJ. Antes de unirse al ICIJ, fue reportera senior en ProPublica, en Nueva York, y trabajó para el Miami Herald/el Nuevo Herald. En el Herald, cubrió el gobierno local y la inmigración y trabajó en investigaciones sobre corrupción pública, vivienda y cuestiones laborales. Originaria de República Dominicana, estudió periodismo y estudios internacionales en Tampa, Florida.

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