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Nicaragua: Cómo hacer periodismo bajo una dictadura

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Carlos F. Chamorro durante la Reuters Memorial Lecture de 2023 en Oxford. Foto: John Cairns - Reuters Institute

Carlos F. Chamorro en el Instituto Reuters. Imagen cortesía del instituto

El periodista nicaragüense Carlos F. Chamorro dictó la Reuters Memorial Lecture el 6 de marzo de 2023. Chamorro es un editor galardonado con varios premios y el fundador del diario digital Confidencial. Ésta es una transcripción de su conferencia en español, publicada originalmente por el Reuters Institute y republicado aquí con su autorización.

Muchas gracias al Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo que me honra al invitarme a compartir nuestra experiencia sobre el periodismo que hacemos bajo dictadura en Nicaragua, en este foro que siempre he admirado como el principal espacio de debate e investigación sobre la innovación del periodismo en el mundo.

1. La criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión.

El pasado 15 de febrero, 94 ciudadanos nicaragüenses fuimos despojados de nuestra nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en un acto ilegal, inconstitucional, y violatorio de tratados internacionales suscritos por el Estado de Nicaragua. La pena incluye, además, la pérdida de nuestros derechos ciudadanos a perpetuidad y la confiscación de nuestros bienes, incluidas las pensiones del Seguro Social.

En la lista de los 94 estamos incluidos 11 periodistas, directores de medios de comunicación en el exilio como Confidencial100% Noticias,  Artículo 66Nicaragua InvestigaRadio DaríoDivergentesCafé con Voz, y otros medios.

Seis días antes, el 9 de febrero, otras 222 personas –todas presas y presos políticos– fueron excarceladas, desterradas a Estados Unidos y despojadas de su nacionalidad nicaragüense en un acto de venganza, con el que Ortega con una mano deshizo el gesto que había hecho con la otra.

El único preso político que se rehusó a aceptar el destierro, el obispo de la Iglesia católica Rolando Álvarez, fue condenado un día después en un juicio exprés a 26 años y cuatro meses de cárcel y permanece en una celda de máxima seguridad.

Entre los excarcelados, había 12 personas vinculadas a medios de comunicación: un cronista deportivo y bloguero, tres directivos del diario La Prensa, un periodista fundador del canal de televisión por cable 100% Noticias, un comentarista político de televisión, varios periodistas locales, e incluso dos choferes del diario La Prensa, cuyo “delito” fue haber transportado a los reporteros que cubrieron la noticia de la expulsión de las monjas de Madre Teresa de Calcuta, el 6 de julio de 2022.

Todos ellos habían sido condenados sin ninguna prueba por presuntos delitos de “conspiración contra la soberanía nacional”, “lavado de dinero”, y “propagación de falsas noticias”, y permanecieron en una cárcel de aislamiento o bajo arresto domiciliario hasta 600 días.

Entre las 317 personas despojadas de su nacionalidad, hay líderes políticos y cívicos, economistas, analistas políticos, juristas, empresarios, diplomáticos, académicos, científicos, médicos, sacerdotes, y activistas sociales.

Muchos de ellos son fuentes informativas imprescindibles para la prensa independiente, en un país donde desde hace más de 15 años nos prohibieron el acceso a la información pública. Y como resultado de esta persecución, en Nicaragua ya no existen fuentes independientes a quienes se les pueda atribuir una información, un dato, o una valoración de los hechos. Todos sin excepción solicitan que sus identidades sean protegidas para poder informar u opinar, por temor a represalias oficiales, que incluyen la cárcel.

Esta doble criminalización de la libertad de prensa y de la libertad de expresión –para silenciar a periodistas, fuentes informativas, y la libertad de opinión–, representa la última etapa de un largo proceso de demolición del Estado de derecho.

Bajo el estado policial de facto, en Nicaragua no hay libertad de reunión ni de movilización. El régimen persigue a la Iglesia católica y prohíbe hasta las procesiones religiosas. En 2021, anuló la competencia política y la celebración de elecciones libres, y desde 2022 incrementó una persecución implacable contra la sociedad civil, cancelando más de 3200 organizaciones no gubernamentales.

Sin embargo, el periodismo desde el exilio resiste como la última reserva de todas las libertades conculcadas. Permítanme explicar brevemente de dónde venimos y cómo llegamos a este punto.

2. El colapso de la transición democrática.   

Yo me inicié en el periodismo bajo la dictadura de Anastasio Somoza Debayle hace 45 años, en febrero de 1978, un mes después del asesinato de mi padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa.

En esa época, 20 años antes de la irrupción de Internet, los periodistas desafiaban la censura a los noticieros de radio, leyendo las noticias en los atrios de las iglesias en lo que fue bautizado como “periodismo de catacumbas”. Y en los días finales de la insurrección contra la dictadura, Somoza ordenó la destrucción del diario La Prensa, lanzando un ataque con tanquetas, como si se tratara de un objetivo militar.

Durante la revolución sandinista, bajo la guerra de agresión externa y la guerra civil en los años 80, la militarización de la política sustituyó el periodismo por la propaganda y la contrapropaganda de la guerra, e impuso como normas la censura previa y la autocensura.

En 1990 se inició una transición democrática en la que florecieron los medios de comunicación, en una verdadera primavera de la libertad de expresión. Bajo el gobierno de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, la libertad de prensa y la tolerancia hacia la libertad de expresión, se convirtieron en una política de Estado, así como la profesionalización del Ejército y la Policía.

Erróneamente, pensábamos que la democracia y los logros de la transición eran irreversibles. Pero desde el retorno de Daniel Ortega al poder por la vía electoral, en 2007, las instituciones democráticas han sido demolidas en 15 años de regresión autoritaria. Combinando fraudes electorales y la reelección ilegal del presidente, Ortega consumó la cooptación de todos los poderes del Estado.

Su esposa Rosario Murillo, vocera del Gobierno, diseñó una estrategia de comunicación para imponer la llamada “información incontaminada”. Es decir, la información en “estado puro” que llegaría a los ciudadanos de forma directa a través de los medios oficiales, sin pasar por el filtro de las preguntas o investigaciones de la prensa independiente, para lo cual incluso cancelaron las conferencias de prensa.

Una década antes de la aparición de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, Daniel Ortega calificó a la prensa independiente como “el enemigo”, y mucho antes de la era de las fake news acusó a los periodistas de ser los “hijos de Goebbels”, desatando virulentas campañas de linchamiento en los medios oficiales como respuesta a las denuncias de corrupción y abusos de poder de su Gobierno.

En sus primeros años, Ortega promovió la intimidación contra la prensa independiente, el espionaje político, el bloqueo al acceso de información pública, y creó su propio emporio privado de medios de comunicación. Sin embargo, mientras gobernó en base a una alianza económica con los grandes empresarios, sin democracia ni transparencia, toleró la existencia de medios como Confidencial que investigamos la corrupción del régimen –como el desvío de más de 5,000 millones de dólares de la cooperación venezolana para sus negocios privados, o la mega estafa del fallido proyecto del canal interoceánico–. Probablemente, porque al tener el control total de los poderes del Estado, incluido el Ejército y la Policía, no consideraba a la débil oposición política como una competencia o amenaza.

3. Después de la rebelión de 2018: periodismo bajo una dictadura totalitaria.

Cuando este modelo de Gobierno autoritario colapsó bajo el estallido de las protestas cívicas en abril de 2018, y el régimen vio amenazado su poder, respondió con una brutal represión que dejó más de 300 asesinatos en la impunidad, y convirtió a la prensa en el enemigo a aplastar.

La represión contra los periodistas incluyó asesinatos y agresiones físicas, censura a la televisión, destrucción física de medios, bloqueo aduanero a los periódicos, hasta culminar con el cierre y la confiscación de medios, la imposición de leyes represivas, y el encarcelamiento de periodistas.

En casi cinco años de crisis sociopolítica, entre 2018 y 2023, en Nicaragua, se han concentrado todos los crímenes contra la prensa que en Venezuela tomaron más de una década, entre agresiones de facto y también judiciales.

En 2020, se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con penas de cárcel de uno a cinco años el presunto delito de propagar “noticias falsas” a través de redes sociales y medios, que provoquen zozobra, desestabilización, y daños morales, aunque la misma ley no define qué es una “noticia falsa”.

En virtud de esa ley, más de 20 personas han sido condenadas a penas de cárcel por el presunto delito de propagar “noticias falsas”, entre ellos periodistas, activistas, sacerdotes, y hasta un campesino que ni siquiera tenía redes sociales.

Hacer periodismo bajo una dictadura es un acto de resistencia para seguir informando y contando la verdad. Mi propia redacción, Confidencial, ha sido confiscada dos veces. Primero fue asaltada por la Policía, sin ninguna orden judicial, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018 y ocupada de forma permanente por elementos armados. En noviembre de 2019 instalamos una redacción provisional, pero el 20 de mayo de 2021 nuevamente fuimos asaltados por la Policía, que otra vez se robó todas nuestras computadoras y equipos de televisión. Pero nunca dejamos de informar un solo día a través de las plataformas digitales.

Ortega también confiscó el canal de cable 100% Noticias y el diario La Prensa. Sin embargo, nunca ha podido confiscar al periodismo, y los medios confiscados seguimos informando desde el exilio.

El régimen ha cerrado, además, más de 40 medios radiales y televisivos locales, y más de 150 periodistas se han visto obligados a exiliarse. Una parte de ellos se ha reorganizado en torno a unos 25 medios digitales, principalmente en Costa Rica, España y Estados Unidos. Sin embargo, más del 30% de los periodistas se dedican a otros empleos para sobrevivir o abandonaron la profesión por temor a represalias contra sus familias.

Nuestros programas de televisión Esta Semana y Esta Noche están censurados en la televisión abierta y el sistema de cable, pero continuamos llegando a una audiencia de más de 416.000 suscriptores a través del canal de YouTube de Confidencial y Facebook Live. Las redes sociales representan un vehículo extraordinario para vencer la censura, pero también se han convertido en un espacio de desinformación que compite contra la prensa independiente.

Por lo tanto, la resistencia de la prensa también requiere hacer periodismo de calidad. De ello depende la eficacia de la prensa frente a la maquinaria de desinformación y propaganda de los cinco canales de televisión, decenas de radioemisoras, y portales de internet, que maneja la familia gobernante como negocios privados a costa del Estado.

Sin Estado de Derecho y sin democracia, la existencia de la prensa libre está amenazada por la arbitrariedad de un poder sin límites, como ocurre hoy en Nicaragua, Cuba, y Venezuela, donde no existe ninguna protección para los periodistas.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de prensa, en América y Europa, han hecho un esfuerzo extraordinario por documentar y visibilizar la persecución contra la prensa en estos tres países

Pero, en última instancia, nuestra única protección radica en hacer mejor periodismo para fortalecer la credibilidad de los medios y la relación con nuestras audiencias.

Carlos F. Chamorro delivering the Reuters Memorial Lecture press freedom oppression Nicaragua

Carlos F. Chamorro en el Instituto Reuters. Imagen cortesía del instituto

4. Las lecciones del periodismo en el exilio en Nicaragua.

Desde mediados de 2021, estoy exiliado por segunda vez en Costa Rica, para evitar ser silenciado en Nicaragua con una infame acusación criminal y una orden de captura. Toda mi redacción, y prácticamente todos los medios de comunicación independientes, estamos trabajando desde el exilio.

El exilio ya no es una situación temporal de emergencia que nos obliga a salir y reubicarnos en otro país sino una condición permanente, de mediano plazo, que plantea inmensos desafíos para hacer periodismo. Nuestro objetivo sigue siendo contar la historia de cómo se cambia una dictadura a través de la resistencia cívica, pero esta noticia no se puede contar desde la burbuja del exilio en Costa Rica o en Estados Unidos, sino más bien en Nicaragua.

Reportear en Nicaragua desde el exterior implica cultivar fuentes que están amenazadas por el estado policial y al mismo tiempo elevar los estándares de verificación y contraste de las fuentes anónimas, para seguir publicando información confiable.

En segundo lugar, generar confianza en las fuentes para investigar la corrupción, el malestar de los servidores públicos y la crisis del régimen por dentro, y garantizar canales de comunicación seguros para proteger a nuestras fuentes.

En tercer lugar, multiplicar nuestra capacidad de observación con redes de colaboradores, haciendo una curaduría profesional del torrente de imágenes e información de las redes sociales para ver, escuchar, y reportar el estado de ánimo de la vida cotidiana, la crisis social, la represión, la resistencia, y la esperanza del cambio.

En cuarto lugar, el desafío de seguir innovando en las plataformas digitales para estrechar la relación con nuestras audiencias, y para contar historias memorables, que nos permitan contrarrestar la mentira oficial y la viralidad de la desinformación en las redes sociales.

Las iniciativas de verificación son condición necesaria, pero no suficiente para vencer la desinformación. Además, se necesita la recuperación de la credibilidad y la confianza en una prensa útil, capaz de reconectarse con sus audiencias, e incluso de aprovechar el alcance de las mismas redes sociales para promover el periodismo de calidad.

3. Después de la rebelión de 2018: periodismo bajo una dictadura totalitaria.

En quinto lugar, el periodismo en el exilio forma parte de las principales iniciativas de periodismo colaborativo a nivel internacional y en América Latina como el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) o la Plataforma Periodística para las Américas CONNECTAS, para producir historias regionales que se desarrollan en varios países, y contarlas a través de novedosos formatos narrativos multimedia.

Y por último, pero no menos importante, el periodismo en el exilio requiere enfrentamos el desafío de la sostenibilidad económica del periodismo en el exilio. A la crisis provocada por la revolución digital y la competencia desleal con los gigantes tecnológicos, se agregan problemas tradicionales como la recesión económica y la criminalización en contra de nuestros anunciantes. La crisis nos obliga a buscar nuevos modelos de gestión económica para financiar la independencia de los medios, a través de donaciones internacionales, los aportes de la audiencia, y la monetización comercial.

También se necesita un cambio de paradigma en fundaciones y agencias de cooperación internacional que apoyan el periodismo independiente. Es necesario reconocer que la supervivencia de la prensa en el exilio, no solo en Nicaragua, Cuba y Venezuela, sino también en Rusia, Ucrania, Irán, Afganistán, Myanmar, Azerbaiyán, y en otros países, es un imperativo democrático que requiere estrategias de apoyo de largo plazo.

He seleccionado una muestra de 10 historias, publicadas en Confidencial entre 2018 y 2023, algunas de ellas ganadoras de premios internacionales, que ilustran mejor cómo estamos reportando bajo una dictadura.

  • La investigación “Disparaban con precisión a matar”, publicada en Confidencial en junio de 2018, demostró en base a 19 tomografías de las víctimas asesinadas y heridas durante la represión, la existencia de un patrón letal de disparos efectuados con armas de guerra en la cabeza y en el tórax contra la población civil, ejecutadas por francotiradores. La evidencia, corroborada por médicos especialistas y por los testimonios de los familiares de las víctimas, se convirtió en uno de los pilares que sostiene los informes posteriores de las comisiones internacionales de derechos humanos sobre la masacre y la llamada “Operación Limpieza”.
  • La entrevista  con la economista Ligia Gómez, ex-secretaria política del Banco Central, publicada en noviembre de 2018, testigo del r momento en que Rosario Murillo emitió la orden “Vamos con todo” para desatar la matanza, fue la primera de una serie de investigaciones sobre cómo opera la cadena de mando de la represión, en las fuerzas coordinadas entre Policías y grupos paramilitares.
  • La serie de investigaciones publicadas en febrero de 2020, sobre “Ejecuciones extrajudiciales en el campo y la masacre contra los campesinos” reveló una realidad oculta en la zonas rurales sobre más de 30 asesinatos ocurridos entre 2018 y 2019, y la corresponsabilidad del Ejército de Nicaragua.
  • Las investigaciones sobre el ocultamiento por parte del Estado de la tragedia de las muertes masivas por la COVID-19, publicadas en 2021 y 2022, demostraron que Nicaragua fue uno de los países con índices de sobre mortalidad por COVID-19 más altos del mundo, en base a un análisis comparativo las actas oficiales defunción por neumonía, infarto, diabetes e hipertensión, durante los primeros 21 meses de pandemia. Una historia de datos con rostro humano, gracias a los testimonios de los familiares de las víctimas y de los médicos y técnicos del sistema de salud, que desafiaron la censura oficial, pagando el costo del despido y la represión.
  • Los reportajes sobre la condición de centenares de presos políticos, sometidos a un prolongado régimen de tortura y aislamiento, así como las investigaciones sobre la impunidad de la maquinaria de la Policía, la Fiscalía, y el Poder Judicial, dominaron la agenda noticiosa entre 2018 y 2023. Mientras el régimen intentaba inútilmente borrar a los presos políticos de la memoria nacional.
  • La investigación sobre la red de 22 empresas privadas de la familia Ortega Murillo, publicada en febrero de 2022, basada en actas oficiales de juntas directivas, reveló la existencia de una red de testaferros y un esquema de corrupción de negocios financiados a costa del presupuesto del Estado y el desvío de los fondos de la cooperación estatal de Venezuela.
  • Los testimonios bajo protección de sus identidades de altos funcionarios del Gobierno, y decenas de servidores públicos sobre la corrupción y la represión publicados en 2022, revelaron la creciente pérdida de apoyo político del régimen, que ha convertido en rehenes a los trabajadores del Estado.
  • Entre 2018 y 2023, se produjo un éxodo masivo de más de 600,000 nicaragüenses, principalmente hacia Estados Unidos y Costa Rica, equivalentes al 10% del total de la población. La plataforma Nicas Migrantes de Confidencial ha contado la historia de la otra Nicaragua: los migrantes varados en Ciudad Juárez, México; los que fallecen ahogados intentando cruzar el Río Bravo o perecen asfixiados en un furgón en México abandonados por los coyotes; y los trabajadores migrantes que son víctima de la explotación laboral en Costa Rica.
  • Las investigaciones sobre los principales aliados internacionales del régimen de Ortega: Rusia, Cuba, Venezuela, China, e Irán, han demostrado la existencia de una relación clientelista con aliados que promueven el espionaje político y la impunidad, con poca o ninguna incidencia en la inversión, el comercio internacional o la ayuda externa que aún recibe Nicaragua.
  • La caricatura de PX Molina y la sátira política de los segmentos televisivos La Última Mirada News o Fuera de Broma han demostrado que el humor y la burla representan el recurso más efectivo frente al poder autoritario, y sobre todo para desmontar el lenguaje orwelliano de la mentira oficial.

Ninguna de estas investigaciones periodísticas produjo algún cambio en las políticas públicas del régimen autoritario de Daniel Ortega, que no está diseñado para la rendición de cuentas. Sin embargo, muchas de estas historias, datos, y testimonios, representan insumos valiosos para alimentar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, como el informe que presentó hoy en Ginebra el Grupo de Expertos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe concluye que existen pruebas de la responsabilidad del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y la cadena de mando del Estado, en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad que se siguen cometiendo hasta hoy en Nicaragua.

En las pruebas y evidencias de ese informe trascendental está la huella del periodismo nicaragüense en el exilio. Junto a los familiares de las víctimas de la represión, el periodismo ha documentado el primer borrador de la verdad y la memoria, para sentar las bases de la justicia y la restitución de la democracia en Nicaragua.

Mientras tanto, el Estado mantiene el discurso de odio con el que pretende descalificar a los ciudadanos como “golpistas”, “terroristas”, y ahora “apátridas”. Pero a pesar del miedo y el silencio, y del intento por normalizar una dictadura en la impunidad, la prensa independiente está ganando la batalla por la verdad.

El principal reto de la prensa ante el deterioro de la democracia será siempre fiscalizar el poder y hacer buen periodismo, aún en medio de las peores condiciones de polarización política.

El colapso del Estado de derecho en Nicaragua y la consolidación de la dictadura es un espejo en el que hoy se está viendo la prensa centroamericana, amenazada por tendencias autoritarias. En Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei mantiene en la cárcel desde hace 7 meses a José Rubén Zamora, director de El Periódico; y en El Salvador, el régimen de Nayib Bukele ya ha enlistado como “el enemigo” a la prensa independiente.

A los periodistas centroamericanos nos une la convicción de no ceder ante la intimidación y la censura, ni caer en la autocensura. Como proclama la nueva Red Centroamericana de Periodistas creada el año pasado en Guatemala: “El silencio no es una opción”.

Y ante la tentación que a veces padecemos los periodistas de suplantar el rol de los partidos políticos y las otras instituciones en crisis, tenemos que recordar todos los días que los periodistas no somos jueces, ni detectives, ni policías, ni contralores.

Nuestra misión tampoco es desviarnos hacia el activismo, sino preservar nuestra autonomía para fiscalizar a los poderes públicos y privados, y a las nuevas fuerzas que propugnan por el cambio.

La experiencia de Nicaragua demuestra que la resistencia de la prensa en el exilio bajo una dictadura no es suficiente para despejar el camino hacia un cambio democrático, pero mientras persista haciendo más y mejor periodismo, mantendrá encendida la llama de la libertad de prensa, como la última reserva de todas las libertades.

Recursos adicionales

Partir para sobrevivir: periodistas exiliados y la crisis de libertad de prensa en América Latina

Cómo prepararse para coberturas de alto riesgo: consejos, recursos y herramientas

En Guatemala, los periodistas temen que la ley se vuelva en su contra


Carlos Fernando Chamorro es un reconocido periodista de investigación independiente nicaragüense. Es el fundador y editor de Confidencial.

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