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Ilustración: Louiza Karageorgiou para GIJN
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Guía para investigar la tecnología y la IA en la guerra

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Cuando los historiadores del futuro vuelvan la mirada a las guerras de la década de 2020, es posible que les llamen la atención dos cosas.

La primera es que han desaparecido enormes cantidades de información, ¿cuál sería el equivalente actual de los diarios de la Gran Guerra? Mensajes de WhatsApp eliminados hace tiempo. ¿Y qué habría pasado con los informes de situación, mecanografiados y similares a los que se conservan de la guerra de Vietnam, si es que lograron sobrevivir a su destrucción? Habrían desaparecido en servidores corroídos. Es posible que enormes volúmenes de información digital se pierdan para siempre con el paso del tiempo.

La segunda reflexión podría ser la dificultad para localizar la primera línea del combate. ¿Estaba donde la población civil sufría los mayores daños? ¿En el cuartel general de un escuadrón de drones? ¿O en los servidores de alguna de las grandes empresas tecnológicas? La geografía física de los conflictos armados modernos, que alguna vez estuvo delimitada por esa delgada línea roja del frente de batalla, se ha expandido cada vez más, hasta el punto de que resulta cada vez más difícil determinar dónde se encuentra la primera línea de operaciones. De este panorama surgiría un complejo mapa del campo de batalla digital, que incluiría constelaciones de satélites, contratos de servicios en la nube, archivos almacenados en servidores y cadenas de suministro de armamento y tecnología.

La verdadera naturaleza de la guerra moderna no se encuentra en las imágenes que vemos en las pantallas de nuestros teléfonos: el edificio de departamentos reducido a escombros, la fosa común, los llantos de las madres en una procesión fúnebre con lazos negros. Como señaló en su momento el autor C.S. Lewis, estas son sus consecuencias finales. La violencia comienza en otra parte. Se concibe, se autoriza, se financia, se programa y se contrata en salas de juntas, centros de datos y oficinas de empresas tecnológicas. Avanza a través de marcos de contratación, acuerdos de servicios en la nube, inversiones de capital de riesgo y actualizaciones de software. Las decisiones de adquirir estas tecnologías se proponen, se secundan, se aprueban y quedan asentadas en actas mucho antes de que un misil alcance su objetivo.

La tarea del periodista, por lo tanto, no consiste únicamente en documentar las consecuencias de la violencia, sino en reconstruir el proceso que las hizo posibles. Hoy, el campo de batalla se extiende mucho más allá de los cráteres que dejan los impactos de los proyectiles. Atraviesa burocracias, corporaciones, centros tecnológicos e instituciones financieras. Una explosión puede ser la manifestación final de una cadena de decisiones, relaciones e incentivos que comenzó mucho antes de que se lanzara cualquier arma. Comprender los conflictos modernos exige, hoy más que nunca, seguir esa cadena en sentido inverso: del daño al sistema, del incidente a la infraestructura, de la muerte a los detalles de la maquinaria tecnológica que la hizo posible.

Este es precisamente el trabajo en el que se centra esta guía: cómo investigar un conflicto contemporáneo que opera cada vez más en un espacio difuso entre los sistemas militares y civiles, donde las plataformas en la nube, las redes de vigilancia, los modelos de IA y la infraestructura comercial se han integrado a la propia dinámica de la guerra. Esto implica rastrear la cadena de responsabilidades desde los daños causados en el campo de batalla hasta los sistemas que los hicieron posibles.

Por ejemplo, una investigación de Amnistía Internacional sobre Sudán analizó fragmentos de bombas para identificar municiones guiadas de fabricación china. La organización concluyó que, con casi total certeza, estas habían sido reexportadas por los Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido, en violación del embargo de armas impuesto por la ONU. De igual manera, investigaciones sobre la guerra en Gaza han examinado cómo las plataformas comerciales de inteligencia artificial y los servicios de datos proporcionados por empresas como Palantir se han integrado en los sistemas militares de selección de objetivos, lo que plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas en los daños causados a la población civil.

El desafío, por supuesto, consiste en que los periodistas puedan rastrear las cadenas de responsabilidad que se fragmentan entre Estados, empresas, cadenas de suministro y estructuras tecnológicas, de tal manera que resulta mucho más difícil establecer quiénes deben rendir cuentas.

No hace falta decir que la urgencia de realizar este trabajo es enorme, pues el ritmo del desarrollo digital ha sido vertiginoso. A principios de 2025, el Royal United Services Institute, un centro de estudios militares con sede en Londres, estimó que los drones eran responsables del 60 al 70 % de los equipos militares rusos dañados o destruidos en Ucrania. Una cifra que, apenas una década atrás, habría parecido inverosímil. Para 2026, el vínculo entre la tecnología y el ámbito militar se había vuelto tan evidente que, durante la guerra entre Estados Unidos e Irán, Irán atacó deliberadamente centros de datos de Amazon, empresa global de servicios en la nube, ubicados en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Lo digital ya no se considera solo un apoyo a las operaciones militares, sino un componente esencial para llevarlas a cabo.

A medida que avanzamos hacia un campo de batalla cada vez más digitalizado, también han aumentado las preocupaciones en materia de derechos humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha instado a los Estados a garantizar que, en los conflictos armados, la IA permanezca siempre subordinada al criterio humano. Se trata de una lucha por establecer límites y promover la moderación que, hay que decirlo, no está dando resultados. Las negociaciones impulsadas de buena fe en las Naciones Unidas para alcanzar un instrumento jurídicamente vinculante sobre armas autónomas letales se han estancado. Y no es motivo de controversia afirmar que la regulación internacional va a la zaga de las realidades de los conflictos modernos.

Es precisamente en este vacío donde el periodismo debe intervenir.

Así pues, la pregunta que deben hacerse los periodistas ya no es si las fuerzas armadas utilizan sistemas de inteligencia artificial, sino de qué manera estos sistemas se han convertido en parte de una maquinaria para matar. ¿Quién los vende? ¿Qué ganancias generan? ¿De dónde provienen los datos utilizados para seleccionar los objetivos? ¿Qué grado de control ejercen realmente los seres humanos? ¿Qué ocurre cuando fallan los sistemas de protección de la población civil (o cuando, como ocurre en algunos casos, ni siquiera existen)?

Una investigación de Amnistía Internacional sobre Sudán analizó fragmentos de bombas para identificar municiones guiadas de fabricación china. La organización concluyó que, con casi total certeza, estas habían sido reexportadas por los Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido, en violación del embargo de armas impuesto por la ONU. Imagen: Captura de pantalla de Amnistía Internacional.

Una investigación de Amnistía Internacional sobre Sudán analizó fragmentos de bombas para identificar municiones guiadas de fabricación china. La organización concluyó que, con casi total certeza, estas habían sido reexportadas por los Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido, en violación del embargo de armas impuesto por la ONU. Imagen: Captura de pantalla de Amnistía Internacional.

Del complejo militar-industrial al complejo militar-tecnológico

Para comprender mejor cómo es el nuevo campo de batalla digital, quizás primero debamos aceptar que la expresión “complejo militar-industrial” tiene unos 60 años y está algo desgastada. La guerra contemporánea no se organiza solo en torno a un puñado de fabricantes de armas; en cambio, ha surgido un complejo “militar-tecnológico” más amplio donde la infraestructura en la nube, los modelos de IA, el análisis de datos, los sensores y los sistemas de comunicación permiten planificar, librar e incluso narrar la guerra.

En Occidente, este entramado incluye empresas como Microsoft, Amazon, Google, Palantir Technologies, Anduril Industries, OpenAI y Anthropic, esta última en medio de controversias relacionadas con su participación en este ámbito. China, por su parte, ha desarrollado su propio modelo de «fusión militar-civil», en el que empresas como Huawei, Tencent y SenseTime están profundamente integradas en sus capacidades militares. Rusia, en cambio, depende de un entramado más dirigido por el Estado, articulado en torno a Rostec, Yandex y una amplia red de proveedores de tecnologías cibernéticas, drones y tecnologías de doble uso, que operan tanto dentro como fuera de los regímenes de sanciones que enfrenta el Kremlin.

En conjunto, estas empresas han dado forma a una carrera armamentista tecnológica altamente rentable, en la que la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, las plataformas de redes sociales y la ciencia cuántica están transformando desde dentro la guerra a distancia, al tiempo que modifican la manera en que esta se percibe desde el exterior.

Las cifras involucradas son exorbitantes. En su propuesta de presupuesto para 2027, el Pentágono solicitó más de 54,000 millones de dólares para financiar el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (Defense Autonomous Warfare Group), incluidos «sistemas autónomos y operados a distancia en los ámbitos aéreo y terrestre, así como en la superficie y debajo del mar». Esto representó un aumento del 24,000 % respecto de 2025. En mayo de 2026, se informó que Helsing, el grupo alemán de tecnología para la defensa, estaba cerca de conseguir una ronda de financiamiento de aproximadamente 18,000 millones de dólares, lo que la convertiría en una de las empresas emergentes más valiosas de Europa.

El ascenso de estos gigantes digitales está provocando un desplazamiento del poder. Es cierto que los Estados siguen al mando, pero cada vez más son las empresas —cuyos clientes y empleados siguen siendo, en su mayoría, civiles— las que ejercen capacidades como la vigilancia, las comunicaciones y la toma de decisiones automatizada. Al mismo tiempo, sus plataformas civiles están siendo utilizadas con fines militares. Una investigación de Associated Press sobre el uso de inteligencia artificial comercial en Gaza y Líbano documentó un aumento considerable, durante la guerra, del uso de modelos comerciales disponibles en el mercado para transcribir, traducir y realizar búsquedas en bases de datos de inteligencia. La investigación señala que modelos de inteligencia artificial de Microsoft, desarrollados principalmente para usos civiles, habrían sido utilizados ampliamente con fines militares. Microsoft no respondió a las consultas de los periodistas de AP para este reportaje.

Una investigación de Associated Press sobre el uso de IA comercial por parte de Israel en Gaza y Líbano documentó un aumento considerable, durante la guerra, del uso de modelos comerciales disponibles en el mercado para transcribir, traducir y realizar búsquedas en bases de datos de inteligencia. La investigación señala que modelos de inteligencia artificial de Microsoft, desarrollados principalmente para usos civiles, habrían sido utilizados ampliamente con fines militares. Imagen: Captura de pantalla de Associated Press.

Una investigación de Associated Press sobre el uso de IA comercial por parte de Israel en Gaza y Líbano documentó un aumento considerable, durante la guerra, del uso de modelos comerciales disponibles en el mercado para transcribir, traducir y realizar búsquedas en bases de datos de inteligencia. La investigación señala que modelos de inteligencia artificial de Microsoft, desarrollados principalmente para usos civiles, habrían sido utilizados ampliamente con fines militares. Imagen: Captura de pantalla de Associated Press.

Otra investigación conjunta de The Guardian, +972 Magazine y Local Call documentó que archivos de audio con millones de llamadas telefónicas de palestinos se almacenaban en una plataforma de Microsoft/Azure y que, posteriormente, esa información se utilizaba para planificar ataques aéreos y detenciones. Desde entonces, Microsoft ha anunciado que bloqueó ciertos usos de su tecnología por parte de Israel. Sin embargo, el daño ya está hecho y el precedente ya quedó establecido.

No se trata de alguna empresa poco transparente, sin escrúpulos y prácticamente desconocida que haya cruzado una línea ética al contribuir a la muerte de civiles. Más bien, son los propios sistemas comerciales globales los que forman parte de la infraestructura tecnológica y operativa que hace posible la guerra. La frontera entre un producto tecnológico de uso civil y su aplicación militar es hoy más difusa que nunca.

La idea de las tecnologías de doble uso vuelve aún más complejo el panorama. La Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos define un artículo de doble uso como aquel que tiene aplicaciones civiles, pero también puede utilizarse con fines militares o relacionados con armamento. Así, por ejemplo, los circuitos integrados de alto rendimiento son artículos de doble uso porque alimentan centros de datos civiles y, al mismo tiempo, hacen posibles sistemas informáticos militares avanzados. Por su parte, las directrices de la Comisión Europea sobre las exportaciones de productos de cibervigilancia advierten que productos con funciones civiles legítimas —como las herramientas analíticas para las fuerzas del orden o los sistemas de monitoreo de redes— pueden destinarse a otros fines y, por tanto, «representar un riesgo de represión interna o de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país importador».

Algunos productos son de doble uso de manera incidental; otros, en cambio, se comercializan deliberadamente en ambos ámbitos, porque los ingresos del mercado civil subsidian la investigación y el desarrollo (I+D) en materia de defensa y reducen los riesgos para la reputación de las empresas. Tech Policy Press, por ejemplo, informa que algunas de las mayores compañías de inteligencia artificial incluso aprovechan sus despliegues humanitarios para acceder a datos, sistemas de vigilancia e infraestructura informática, y aprender de ellos, pese a que esos mismos recursos también pueden utilizarse para la selección de objetivos militares y las operaciones de inteligencia.

Dos cadenas, una historia

Entonces, ¿por dónde empezar a investigar? Lo más útil es comenzar por analizar dos aspectos distintos.

En primer lugar, está la cadena de mando: ¿quién decidió que una operación debía llevarse a cabo? Se trata de una estructura jerárquica que atraviesa distintos niveles, desde los oficiales militares y los asesores jurídicos hasta los comandantes de brigada y los ministros del gobierno. En el centro de esta estructura están —o deberían estar— las reglas de enfrentamiento, los mecanismos de protección de la población civil y el principio de proporcionalidad en la guerra (para conocer más sobre la proporcionalidad jurídica y las estructuras de mando, consulta la Guía de GIJN para periodistas sobre la cobertura de crímenes de guerra). En última instancia, esta cadena de mando es la que autoriza el uso de bombas y municiones, elementos centrales de la mayoría de las investigaciones periodísticas sobre conflictos armados. En teoría, esta estructura de mando debería ser relativamente inmune a las nuevas tecnologías que se están desarrollando a su alrededor. Sin embargo, sería ingenuo pensar que las tecnologías avanzadas no influyen en las órdenes de ataque ni en las tácticas utilizadas en el campo de batalla. El verdadero desafío está en demostrarlo.

En segundo lugar, está la cadena de sistemas: los periodistas deben investigar qué vínculos y conexiones digitales hicieron posibles estas decisiones de selección de objetivos militares. Esta red abarca proveedores de servicios en la nube, empresas de telecomunicaciones, operadores de plataformas digitales, subcontratistas, laboratorios de investigación universitarios y corporativos, intermediarios de datos, empresas exportadoras, compañías de logística y, quizá lo más importante, los inversionistas, fondos de capital de riesgo, fondos soberanos de inversión y aseguradoras cuyo financiamiento hizo posible desarrollar estas capacidades desde un principio. Esta cadena es mucho más opaca.

La diferencia entre ambas cadenas se entiende mejor con un ejemplo. Las investigaciones sobre las operaciones militares israelíes en Gaza, por ejemplo, han examinado ambas cadenas de manera simultánea. La cadena de mando busca responder quién autorizó determinados ataques, cómo se evaluó su proporcionalidad y qué oficiales aprobaron las decisiones sobre los objetivos militares. La cadena de sistemas plantea otras preguntas: ¿qué plataformas en la nube almacenaron la información de inteligencia?, ¿qué sistemas de inteligencia artificial ayudaron a procesarla?, ¿qué empresas proporcionaron el software?, ¿dónde estaba alojada la infraestructura tecnológica? y ¿quién financió o dio mantenimiento a esos sistemas? En conjunto, estas dos cadenas permiten entender no solo cómo se autorizó un ataque, sino también cómo fue posible llevarlo a cabo desde el punto de vista técnico. Cada vez más, las investigaciones periodísticas actuales necesitan examinar ambos aspectos.

Pilares de la guerra tecnológica

Para analizar esta falta de transparencia, resulta útil dividir los conflictos armados actuales en cinco pilares que conforman la cadena de sistemas. No siguen un orden cronológico, pero todos están interconectados.

  • Armas y componentes
  • Infraestructura
  • Información
  • Vigilancia
  • Sistemas automatizados de apoyo a la toma de decisiones

En la práctica, las armas dependen de la infraestructura; la infraestructura hace posible el flujo de información; los sistemas de información alimentan las operaciones de vigilancia; la vigilancia influye en la selección de objetivos; y los sistemas automatizados de toma de decisiones aceleran el despliegue de armamento.

Cualquier investigación a fondo sobre la cadena de sistemas deberá examinar varios de estos pilares, si no es que todos.

Armas y componentes

El hardware sigue siendo importante y, en algunos aspectos, resulta más fácil de investigar que el software. Cuanto más cerca se está de los componentes físicos, más evidentes suelen ser las pruebas.

Los restos de armamento, números de serie, códigos aduaneros, licitaciones, marcas en los componentes, materiales de capacitación y documentación de los fabricantes dejan rastros que pueden conducir a una comprensión más profunda del papel de la tecnología digital en la guerra. Por ello, es importante recopilar, fotografiar y catalogar todos los números de serie, códigos de lote, identificadores aduaneros, logotipos de fabricantes y marcas técnicas que se encuentren en los restos materiales de un conflicto en los lugares de interés para la investigación (por ejemplo, una escuela o un hospital bombardeados). En algunos casos, estos elementos pueden contrastarse con registros de adquisiciones, declaraciones aduaneras, manifiestos de carga, patentes y licencias de exportación.

Fragmento de un misil AGM-114 Hellfire de fabricación estadounidense que muestra la placa de identificación y el número de serie en un cráter en Gaza. Imagen: Shutterstock / Anas Mohammed

Fragmento de un misil AGM-114 Hellfire de fabricación estadounidense que muestra la placa de identificación y el número de serie en un cráter en Gaza. Imagen: Shutterstock / Anas Mohammed

Hay cinco preguntas que conviene hacerse sobre cada componente: ¿quién lo fabricó?, ¿quién lo vendió?, ¿quién lo transportó?, ¿quién lo pagó? y ¿quién autorizó su exportación?

Para encontrar respuestas, consulta la Base de datos sobre transferencias de armas de SIPRI, que ofrece información sobre las principales transferencias de armamento; la Base de datos de la industria armamentística de SIPRI, que contiene información sobre empresas del sector; y la base de datos UN Comtrade de las Naciones Unidas, que reúne registros del comercio internacional. Por supuesto, en muchos conflictos armados no existen sistemas de registro que permitan seguir este tipo de operaciones. Aun así, estas bases de datos son un buen punto de partida.

Los portales gubernamentales de control de exportaciones también pueden aportar información valiosa. Entre ellos se encuentran la base de datos de controles estratégicos de exportación del Reino Unido, los registros de la Unión Europea sobre bienes de doble uso y sanciones y las bases de datos de control de exportaciones de Estados Unidos. Estas fuentes pueden revelar decisiones sobre la concesión de licencias de exportación y los usuarios finales declarados. Por su parte, las plataformas de contratación pública, como TED (Tenders Electronic Daily de la Unión Europea), los registros nacionales de contratos y los portales de adquisiciones del sector defensa pueden ayudar a identificar las relaciones comerciales y los vínculos entre compradores y proveedores. Finalmente, los registros corporativos disponibles en plataformas como OpenCorporates, el Registro Mercantil del Reino Unido (Companies House) y la base de datos EDGAR de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), entre otros, permiten identificar estructuras de propiedad, empresas subsidiarias y flujos financieros.

Las bases de datos sobre transporte y cadenas de suministro, como ImportYeti, Panjiva, ImportGenius y las plataformas comerciales de seguimiento del tráfico marítimo, pueden ofrecer pistas para identificar proveedores de tecnología digital, intermediarios y sistemas de software que dan soporte a estas operaciones.

Si no encuentras información suficiente, puedes recurrir a la base de datos Aleph de OCCRP, los expedientes judiciales de distintos países, las listas de sanciones e incluso las declaraciones sobre actividades de cabildeo (lobbying) en Estados Unidos. Todas estas fuentes pueden aportar pistas adicionales.

Por otro lado, los propios fabricantes suelen ser algunas de las mejores fuentes de información. Las empresas del sector defensa publican habitualmente folletos de sus productos, presentaciones para inversionistas, informes anuales, catálogos de exposiciones, fichas técnicas y comunicados de prensa. Estos materiales pueden revelar dónde se han probado, presentado o comercializado determinados sistemas.

Si tienes la oportunidad, asiste a ferias de armamento y defensa, como el Salón Aeronáutico de París, DSEI y el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, y lleva una bolsa grande. En estos eventos puedes conseguir catálogos, materiales promocionales e incluso anuncios de contratos que podrían ser difíciles, o hasta imposibles, de encontrar por otros medios o en internet. Además, si no encuentras la información que buscas, recuerda que los servicios de archivo digital, como la Wayback Machine de Internet Archive, pueden ayudarte a recuperar información sobre productos y afirmaciones comerciales de los fabricantes que ya fue eliminada de sus sitios web.

Un ejemplo de una investigación que partió de una fotografía de los restos de un misil y logró rastrear su origen es este reportaje de 2026 de Action on Armed Violence (AOAV), realizado por este autor. La investigación documentó que el misil Tomahawk utilizado en el ataque contra una escuela para niñas en Minab, Irán, contenía componentes electrónicos cuyo origen pudo rastrearse hasta fabricantes establecidos en el Reino Unido. Para profundizar en el comercio de armas, consulta este capítulo de la Guía de GIJN para investigar crímenes de guerra.

Infraestructura

Una vez que hayas analizado los efectos directos de la violencia, es importante examinar la infraestructura digital que mantiene en funcionamiento la maquinaria de la guerra. Para ello, considera los servicios en la nube, las telecomunicaciones, el internet por satélite, los centros de datos y los cables submarinos. Todos ellos son activos estratégicos que desempeñan un papel operativo en cualquier conflicto armado.

Los ataques contra los sistemas de comunicación también van en aumento. Por ejemplo, la coalición #KeepItOn, impulsada por Access Now, considera que los cortes de internet provocan daños específicos a los derechos humanos, pues pueden facilitar el «encubrimiento de atrocidades durante los conflictos armados, la represión de protestas o el silenciamiento de la ciudadanía durante acontecimientos nacionales importantes, como las elecciones». A través de su proyecto Shutdown Tracker Optimization Project, Access Now ha documentado cientos de interrupciones del servicio de internet en todo el mundo, muchas de ellas coincidentes con graves violaciones de derechos humanos.

Cada vez hay más casos de participación de empresas y actores privados en la interrupción de infraestructuras digitales durante conflictos armados. Una investigación de Reuters publicada en 2025 reveló que Elon Musk ordenó personalmente a ingenieros de SpaceX que interrumpieran la cobertura de Starlink durante la contraofensiva ucraniana en Jersón, en 2022. Esto provocó fallas en las comunicaciones en el campo de batalla, afectó las operaciones militares ucranianas y generó situaciones de pánico. Musk no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters, aunque escribió en X que «nunca haríamos algo así». En Gaza y otros territorios, también se ha atacado deliberadamente la infraestructura digital civil. Como informó Al Jazeera en 2023, las fuerzas israelíes atacaron torres de telecomunicaciones de empresas palestinas como Jawwal y Paltel. Otros ejemplos incluyen el corte de cables submarinos en el mar Rojo y el ciberataque ruso contra Kyivstar, el mayor operador de telecomunicaciones de Ucrania, así como contra el Ministerio de Justicia de ese país.

Otro componente fundamental de la infraestructura digital son los datos. Como señala el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés): los datos son ahora la primera línea del campo de batalla. Este informe muestra cómo los centros de datos se han convertido en nuevos objetivos militares, a veces con consecuencias poco habituales, pero significativas. Por ejemplo, según informó The Jerusalem Post en 2026, un ataque contra el centro de datos de un banco iraní interrumpió el pago de los salarios de las fuerzas armadas de Irán.

Una vez más, hay que hacerse preguntas: ¿qué organismo estatal solicitó la intervención? ¿Se infringió alguna ley? ¿Cuál fue el costo real para la población civil? Hay que considerar desde la interrupción de los servicios médicos y las comunicaciones de emergencia, hasta las dificultades para la coordinación de la ayuda humanitaria y las situaciones en las que las familias no pueden localizar a sus parientes desplazados. También conviene preguntar: ¿quién es propietario de las redes de transmisión de datos, los satélites y los demás componentes de esta infraestructura? ¿Qué elementos de infraestructura privada se han vuelto indispensables para las operaciones militares?

Los cortes de internet pueden rastrearse mediante el Shutdown Tracker Optimization Project (STOP) de Access Now, el Observatorio Abierto de Interferencias en Internet (OONI), Cloudflare Radar y NetBlocks. Los registros de propiedad de empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios de internet y operadores de centros de datos suelen estar disponibles en plataformas como OpenCorporates, el Registro Mercantil del Reino Unido (Companies House), los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y los organismos nacionales reguladores de las telecomunicaciones.

La propiedad y las rutas de los cables submarinos pueden investigarse a través del mapa de cables submarinos de TeleGeography. Por su parte, la infraestructura satelital puede rastrearse mediante los registros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), los organismos nacionales encargados de regular el espectro radioeléctrico y la información divulgada por las propias empresas. Las interrupciones técnicas y los incidentes cibernéticos suelen estar documentados por organizaciones como el CyberPeace Institute y Citizen Lab.

También vale la pena dedicar tiempo a leer la investigación de Reuters titulada Estados Unidos y China libran una guerra bajo las olas. El reportaje documenta cómo los gobiernos y las empresas tecnológicas compiten por el control de los cables submarinos que sostienen las comunicaciones globales por internet. En el fondo, lo que esta investigación muestra es cómo una infraestructura que aparentemente pertenece al ámbito privado se ha convertido en un activo estratégico en el centro de los conflictos geopolíticos actuales. Si te interesa la intersección entre los conflictos armados y el espacio, te recomiendo también el libro The Future of Geography, de Tim Marshall. En él, el autor explora el campo emergente de la «astropolítica» y sostiene que la humanidad ha entrado en una segunda carrera espacial, en la que el control del espacio orbital, los territorios lunares y los recursos extraterrestres tendrá una importancia cada vez mayor como factor de poder geopolítico. Es una lectura muy recomendable.

Y si todo esto parece ciencia ficción, documentos militares secretos de Rusia y China, revelados por The Insider, muestran que Moscú y Pekín han desarrollado una alianza en materia de defensa mucho más estrecha de lo que se sabía hasta ahora. Entre otros aspectos, los documentos incluyen planes para interrumpir o destruir el funcionamiento de Starlink, desarrollar conjuntamente sistemas avanzados de defensa aérea y antimisiles, e intercambiar la experiencia rusa adquirida en el campo de batalla en Ucrania por tecnología y capacidad de fabricación chinas. Quizá Star Wars esté mucho más cerca de lo que pensamos.

Esta investigación de Reuters analizó cómo los gobiernos y las empresas tecnológicas de Estados Unidos y China compiten por el control de los cables submarinos de internet. Imagen: Captura de pantalla, Reuters

Esta investigación de Reuters analizó cómo los gobiernos y las empresas tecnológicas de Estados Unidos y China compiten por el control de los cables submarinos de internet. Imagen: Captura de pantalla, Reuters

Información: el espacio de batalla participativo

Como planteó Francis Bacon hace más de cuatro siglos, «el conocimiento es poder». Esta máxima cobra cada vez más relevancia en una época en la que la información se ha convertido, por sí misma, en un activo estratégico. Hoy, las guerras se presencian, se registran, se transmiten y se consumen en tiempo real de formas que la humanidad nunca había experimentado.

El crecimiento de las redes sociales ocupa un lugar central en este fenómeno. Los investigadores que estudian el complejo militar y de redes sociales describen una nueva dinámica en la que «las distinciones entre combatientes, civiles y actores de la guerra informativa se desdibujan por completo». Mientras los grupos enfrentados publican contenido minuto a minuto, las plataformas determinan qué información amplifican, cuál pierde visibilidad y cuál eliminan. También deciden qué cuentas reciben mayor difusión y cuáles son suspendidas.

Un informe de 2023 del Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido, documentó cómo Israel difundió decenas de anuncios en YouTube y X con imágenes extremadamente violentas para obtener apoyo a su respuesta militar tras los ataques de Hamás de octubre de 2023. En este caso, los criterios establecidos por las plataformas para determinar qué contenidos pueden publicarse contribuyeron a la difusión de la campaña de comunicación israelí en redes sociales. Por lo tanto, las plataformas ya no son simples intermediarias de la información durante los conflictos armados. Influyen en lo que ve el público, en aquello que los actores militares pueden negar y en qué narrativas logran imponerse y, al no ser censuradas o suspendidas, adquieren legitimidad.

Además, y de una manera menos evidente, es importante tener en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial utilizados por plataformas como YouTube o Facebook para proteger a sus usuarios de contenidos violentos también pueden contribuir a destruir pruebas de crímenes de guerra. Esto ocurrió en Ucrania, según informó la BBC en junio de 2023: videos que documentaban violaciones de derechos humanos fueron eliminados sin archivarse previamente, a pesar de que podrían haber servido como pruebas en procesos judiciales por crímenes de guerra.

Para investigar este campo de batalla informativo, la clave está en seguir el rastro de los datos, que, en el fondo, también son una forma de dinero. Para empezar, consulta las bases de datos de transparencia publicitaria de las plataformas, como la Biblioteca de anuncios de Meta, el Centro de transparencia publicitaria de Google y el Centro Creativo de TikTok. Estas herramientas pueden ayudarte a identificar quién paga para promover determinadas narrativas sobre los conflictos armados y a qué públicos van dirigidas.

Después, puedes utilizar OsoMeNet y Gephi, herramientas que permiten visualizar cómo circulan las historias a través de redes de personas influyentes, medios de comunicación estatales y cuentas anónimas. Cuando se trata de contenido eliminado, los archivos de Mnemonic, Bellingcat y la Wayback Machine de Internet Archive pueden ayudarte a localizar o preservar materiales que podrían desaparecer posteriormente. También es importante revisar los informes de transparencia de las plataformas, como el Centro de Transparencia de Meta, el Informe de Transparencia de Google y el Centro de Transparencia de X. Estos documentos permiten investigar si los gobiernos solicitan la eliminación de contenidos o la restricción de cuentas durante los conflictos armados. Aunque quizá resulte revelador que X esté tan comprometida, al menos en teoría, con el intercambio abierto de información que su último informe del Centro de Transparencia corresponde a 2024.

Para investigar cuestiones relacionadas con la manipulación mediante inteligencia artificial, comparar videos eliminados con otras copias y analizar el impacto de estas tecnologías, puedes recurrir a organizaciones como WITNESS, el Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y Syrian Archive. Todas ellas cuentan con distintos recursos y archivos digitales. Y si tienes 90 segundos, puedes consultar este video de la BBC que explica cómo identificar si un video fue generado por inteligencia artificial. El método consiste en buscar inconsistencias visuales, revisar marcas de agua físicas o digitales, rastrear el origen del material y, cuando sea necesario, consultar a especialistas.

Vigilancia

Este es uno de los pilares en los que, podría decirse, resulta más difícil distinguir e investigar dónde termina la conducción de una guerra y dónde comienzan las actividades habituales de vigilancia y recopilación de inteligencia de un Estado. Por ejemplo, las llamadas interceptadas , la biometría , el reconocimiento facial e incluso los registros de población pueden presentarse como herramientas legítimas y razonables para garantizar la seguridad. Sin embargo, en la práctica, también pueden desempeñar un papel fundamental en la selección de objetivos militares, las detenciones y otras formas de control coercitivo. (Estos sistemas también pueden utilizarse para identificar a personas fallecidas). El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido que las fuerzas armadas recurren cada vez más a los sistemas biométricos y que el reconocimiento facial está cada vez más cerca de utilizarse para seleccionar objetivos en el campo de batalla.

También puedes encontrar casos en los que sistemas utilizados en un país y vinculados con situaciones de abuso se emplean y justifican en otro. Un ejemplo es esta investigación de Al Jazeera sobre la expansión del uso policial de tecnología de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial en el Reino Unido. El reportaje revela que el gobierno británico está ampliando el uso de esta tecnología, suministrada a través de un subcontratista por la empresa israelí Corsight AI. El software de esta compañía ha sido utilizado por las fuerzas israelíes en Gaza, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos por los riesgos para la privacidad, las libertades civiles y la colaboración del Reino Unido con una empresa vinculada a presuntos abusos en los territorios palestinos ocupados. Los periodistas de Al Jazeera no obtuvieron respuesta de la empresa israelí a sus solicitudes de comentarios.

Los sistemas de reconocimiento facial funcionan mediante la detección de rostros en imágenes o videos. Después, extraen datos biométricos para crear una representación matemática única del rostro, conocida como huella facial, y la comparan con información almacenada en distintas bases de datos. Algunos sistemas permiten incluso compartir información entre organismos para consultar registros y solicitar coincidencias en diferentes bases de datos. Imagina un dron armado que sobrevuela una zona y está equipado con uno de estos sistemas, precargado con numerosas listas de personas identificadas como objetivos militares. Mientras vigila el terreno, busca coincidencias entre los rostros que detecta y los registros almacenados.

Este tipo de información de inteligencia puede pasar fácilmente de utilizarse con fines legítimos a convertirse en una herramienta de abuso. Un sistema biométrico creado específicamente para el control fronterizo puede reutilizarse en un contexto de ocupación militar o para ejercer vigilancia discriminatoria. Del mismo modo, una plataforma de policía predictiva desarrollada y perfeccionada para las fuerzas de seguridad de un país puede exportarse a otro, donde termine utilizándose para restringir la libertad de expresión.

Un ejemplo, documentado por el diario británico The Times (Reino Unido)  en 2021, fue el caso de la empresa china Nuctech, especializada en tecnologías de inspección y vigilancia fronteriza, que obtuvo contratos en el Reino Unido por más de 12 millones de libras esterlinas (16.3 millones de dólares) para suministrar equipos de inspección en prisiones y controles fronterizos. Estos mismos equipos se utilizaron para aplicar estrictos controles fronterizos en Nicaragua, donde permitían identificar nombres en las listas de pasajeros de vuelos y prohibir la entrada de periodistas de investigación al país. Entre ellos, quien escribe este artículo.

Así pues, las mismas infraestructuras utilizadas para labores policiales, control migratorio, ocupación militar y operaciones de guerra suelen compartir proveedores, ingenieros e incluso sesgos discriminatorios incorporados en sus sistemas de datos. Los Angeles Times documenta un sistema de selección de objetivos militares que combina distintos tipos de información, incluidos datos de redes Wi-Fi, cámaras de tráfico, bases de datos gubernamentales y redes sociales, para rastrear a integrantes de Hezbolá. Este sistema utiliza capacidades de procesamiento desarrolladas por Amazon y Microsoft y obtiene información de plataformas comerciales.

Una vez más, rastrear el dinero suele ser una buena manera de descubrir quién utiliza qué tecnología. La investigación sobre Pegasus, el sofisticado sistema de vigilancia desarrollado por la empresa israelí NSO Group, demuestra cómo distintas técnicas periodísticas pueden complementarse y reforzar mutuamente sus hallazgos. El proyecto internacional Pegasus, coordinado por Forbidden Stories junto con el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional y diversos medios de comunicación asociados, estableció inicialmente, mediante análisis forenses, que Pegasus había sido utilizado para infectar los teléfonos de periodistas, activistas y políticos en distintos países. A partir de esos hallazgos, una investigación de OCCRP contrastó registros de importación y conocimientos de embarque con especificaciones técnicas de equipos compatibles con los despliegues de Pegasus. Es posible que los periodistas no siempre puedan demostrar directamente cómo funciona un software propietario. Sin embargo, los registros de adquisiciones, la documentación aduanera, los contratos y los envíos de equipos físicos pueden aportar, en conjunto, pruebas contundentes de que se ha adquirido determinada capacidad de vigilancia.

Esta investigación de OCCRP cotejó los registros de importación y los conocimientos de embarque con las especificaciones de hardware correspondientes a las implementaciones de Pegasus. Imagen: Captura de pantalla, OCCRP

Esta investigación de OCCRP cotejó los registros de importación y los conocimientos de embarque con las especificaciones de hardware correspondientes a las implementaciones de Pegasus. Imagen: Captura de pantalla, OCCRP

Así, para investigar los sistemas de vigilancia en un conflicto, al igual que con los temas anteriores, lo mejor es comenzar por el rastro de las contrataciones. Busque en portales de contrataciones públicas como TED (Tenders Electronic Daily), UK Contracts Finder y USASpending, así como en bases de datos aduaneras como ImportGenius o Panjiva, para identificar quién compró tecnología de vigilancia, cuándo se entregó y qué empresas la suministraron. En el caso de los sistemas de reconocimiento facial y biométricos, tal vez convenga examinar las patentes técnicas en Google Patents o revisar la evidencia reunida por grupos como el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional.

Pregunte: ¿quién construyó la base de datos? ¿Dónde se almacenan los datos? ¿Qué agencias tienen acceso a ellos? ¿El sistema ha pasado alguna vez de la identificación a la selección de objetivos? Busque manuales técnicos, solicitudes de patente, licencias de exportación y diálogos de inversionistas con las empresas que puedan dejar un rastro digital que conduzca al daño. En resumen: busque las grietas por las que entra la luz.

Además, conviene familiarizarse con el Arreglo de Wassenaar, la guía de la Comisión Europea sobre cibervigilancia y el Reglamento de la Administración de Exportaciones de Estados Unidos (EAR, por sus siglas en inglés). Estos documentos explican qué se considera formalmente de doble uso y en qué casos se espera que los exportadores tengan en cuenta la represión y las violaciones del derecho humanitario.

Decisiones automatizadas

Como se ha señalado, los sistemas automatizados de toma de decisiones se han utilizado cada vez más en la guerra durante la última década. A menudo se legitiman con el argumento de que mejoran la precisión en la selección de objetivos y hacen la guerra menos letal para los civiles. Por lo tanto, investigue: ¿es así? Pregunte también: ¿qué hace realmente el software con el ritmo de la guerra? ¿Amplía los umbrales de violencia que se consideran tolerables? ¿Qué le hace a nuestro propio sentido de lo humano y a la responsabilidad moral de quienes toman decisiones de vida o muerte ?

Reportajes recientes ofrecen puntos de partida útiles. Las investigaciones de +972 Magazine y Local Call sobre el uso que, según se informa, hace el ejército israelí de los sistemas de IA Lavender y The Gospel sugirieron que la selección de objetivos asistida por máquinas aceleró drásticamente las decisiones de ataque, a la vez que plantearon dudas sobre el alcance de una supervisión humana significativa. Israel ha rechazado las afirmaciones de que la IA seleccionara objetivos de forma autónoma y sostiene que esos sistemas solo asisten a los analistas humanos. Asimismo, el Proyecto Maven del ejército estadounidense se ha convertido en un punto central de los debates sobre la automatización en la guerra: usa aprendizaje automático para analizar imágenes de drones y satélites y reducir el tiempo entre la detección y la selección del objetivo, lo que ha suscitado preguntas más amplias sobre la rendición de cuentas a medida que la cadena de ataque se vuelve cada vez más rápida.

Investigadores de la Universidad de Utrecht también han sostenido que estos sistemas corren el riesgo de comprimir el tiempo disponible para las evaluaciones de proporcionalidad y el escrutinio legal dentro de las estructuras de mando militares. Cabe señalar que la guerra tecnológica dispersa la responsabilidad mientras conserva la letalidad. Como ha argumentado Lauren Gould, de la Universidad de Utrecht, la responsabilidad se difumina: «Las empresas comerciales que desarrollan estos sistemas alegan que no tienen control sobre cómo se usa su tecnología, y los gobiernos a menudo niegan usarlos por completo». Los oficiales militares señalan los procedimientos, las empresas niegan tener control operativo, los gobiernos niegan su uso (amparándose en el secreto) y a usted le aseguran que, formalmente, hay un ser humano en algún punto del circuito de decisión, pero nunca le dan el nombre ni el rango de la persona que forma parte de la cadena de ataque. Quizá sea revelador que algunos ejércitos occidentales carezcan de unidades formales de bajas civiles.

La tarea de los periodistas, por tanto, no es simplemente describir las nuevas tecnologías militares, sino investigar la brecha entre los efectos que prometen y sus consecuencias en el mundo real. Como deja claro la Guía de GIJN para reportar crímenes de guerra, el escrutinio del daño a civiles, la responsabilidad de mando y las prácticas de selección de objetivos sigue siendo esencial, sin importar cuán avanzada parezca la tecnología.

The Guardian ha informado que la herramienta de IA Claude, de Anthropic, fue utilizada por el ejército de Estados Unidos en una andanada de ataques contra Irán que «acorta la cadena de ataque». Imagen: captura de pantalla, The Guardian.

The Guardian ha informado que la herramienta de IA Claude, de Anthropic, fue utilizada por el ejército de Estados Unidos en una andanada de ataques contra Irán que «acorta la cadena de ataque». Imagen: captura de pantalla, The Guardian.

Las consecuencias de este cambio ya se están haciendo visibles. The Guardian también ha informado que Claude, de Anthropic, fue utilizado por el ejército estadounidense en una andanada de ataques que «acorta la cadena de ataque» (el proceso que va desde la identificación del objetivo, pasando por la aprobación legal, hasta el lanzamiento). Como lo plantean Craig Jones y Helen M. Kinsella, de la Universidad de Newcastle: «Hace dos décadas era fácil descartar como una exageración la idea de que la era de la guerra cibernética pudiera traer consigo “bombardeos a la velocidad del pensamiento”, una frase acuñada por el historiador estadounidense Nick Cullather en 2003. Sin embargo, con la llegada de la guerra con IA, lo impensable se ha vuelto casi anticuado».

Y esta aceleración continuará. Novedades como las interfaces cerebro-computadora de Cerebionics implican que incluso la actividad cerebral se decodifica y se traduce directamente en comandos para máquinas. Un pensamiento puede llegar a derivar en una orden de matar, en este «mundo feliz» que de feliz tiene poco.

De nuevo, los periodistas pueden escrutar este pilar a través de las contrataciones y los anuncios de relaciones públicas. Los acuerdos de defensa, como el Proyecto Maven del Departamento de Defensa de Estados Unidos, pueden ser un punto de partida para la investigación. Palantir ganó el contrato del prototipo de Maven del Pentágono, por 480 millones de dólares, y luego confirmó que su software se estaba utilizando para la selección de objetivos en Ucrania. Además, tenga en cuenta que la empresa de IA Anthropic ha advertido públicamente sobre los riesgos de las armas autónomas y la vigilancia masiva aun cuando realiza trabajo para el sector defensa, mientras que OpenAI cerró después un acuerdo con el gobierno estadounidense destinado a garantizar que sus sistemas no se usaran para ninguno de esos dos fines. Esto podría abrir la oportunidad de encontrar denunciantes (whistleblowers) y filtraciones éticas dentro de estos ecosistemas. Pero no se haga demasiadas ilusiones. Como sostiene Tech Policy Press, «todo uso lícito» es una frase demasiado imprecisa para hacer el trabajo ético que las empresas quieren que haga. El término rara vez explica quién decide qué es lícito, cómo se evalúa el cumplimiento del derecho internacional humanitario o qué rendición de cuentas existe cuando esos estándares se disputan.

Del incidente al sistema: qué informes funcionan

Al final, reportar el flujo de trabajo práctico de la guerra habilitada por tecnología es mucho menos dramático que la imagen de ciencia ficción de los «robots asesinos», pero va mucho más directo al fondo del asunto. La tarea del reportero es pasar de la bomba al sistema tecnológico que causó semejante daño. Pregunte qué violaciones pudieron haberse cometido y si el incidente superó un umbral conforme al derecho internacional humanitario. Luego trabaje hacia atrás.

¿Qué sistema tecnológico estuvo detrás del hecho? ¿Se usó una base de datos de objetivos? ¿Qué reconocimiento facial se emplea? ¿Hubo exportaciones, importaciones y envíos aduaneros? Gran parte de esta infraestructura solo se hace visible a través de las contrataciones públicas. Por consiguiente, los periodistas que investigan tecnología militar deberían familiarizarse con los acuerdos marco, las órdenes de entrega y las estructuras de subcontratación, ya que las relaciones operativas más importantes suelen estar ocultas en estos procesos.

Un contrato marco puede limitarse a establecer un vínculo entre un ministerio y una empresa tecnológica; el detalle operativo suele aparecer después, en adendas de servicios en la nube, contratos de mantenimiento o contratos de consultoría. Las solicitudes de acceso a la información pública pueden detallar la arquitectura de las contrataciones.

La investigación de Artículo 19, que toma como punto de partida los cortes de internet de enero de 2026 en Irán, mostró cómo las contrataciones hicieron visibles las estructuras de poder subyacentes, en las que salieron a la luz tanto la responsabilidad del Estado como la de las empresas. Investiga el papel de China en los cortes de internet controlados, sin precedentes, que siguieron en Irán a las protestas de diciembre de 2025. Al seguir la cadena desde los acuerdos comerciales entre Estados, pasando por la Ruta de la Seda Digital, hasta empresas chinas como Huawei y ZTE, reveló cómo China ha sido determinante en el control de internet en Irán.

Otro ejemplo es el reportaje de Associated Press sobre las protestas internas de empleados de Microsoft y Google. La investigación comenzó con esas protestas, que dieron a los reporteros pistas de personal actual y anterior y, finalmente, permitieron descubrir evidencia que alimentó dudas sobre el incumplimiento de los compromisos corporativos en materia de derechos humanos. Es cierto que los empleados activistas no son testigos neutrales, pero pueden tener acceso a material valioso, como capturas de pantalla, documentos internos, correos electrónicos y registros de contrataciones que pueden verificarse de forma independiente. En términos más amplios, los periodistas que investigan tecnología militar deben pensar más allá de las fuentes convencionales. Denunciantes, excontratistas, funcionarios de compras, investigadores de fuentes abiertas y especialistas técnicos pueden aportar pistas valiosas.

Los conjuntos de datos filtrados que publican organizaciones como DDoSecrets, así como las plataformas seguras para denunciantes como PSST, también pueden revelar relaciones de contratación, comunicaciones internas y documentación técnica que de otro modo permanecerían ocultas. Este material siempre debe corroborarse con otras pruebas antes de publicarse. Al mismo tiempo, estas investigaciones pueden exponer a las fuentes a riesgos legales y personales considerables. Por eso, los periodistas deben adoptar desde el principio prácticas sólidas de protección de fuentes: usar comunicaciones cifradas, minimizar la información que permita identificar a las personas y conocer las protecciones legales, y sus límites, que se aplican en su propia jurisdicción.

Otro gran ejemplo es la investigación de Follow The Money sobre los fondos de pensiones «éticos», que partió de documentos filtrados sobre el reporteo de bases de datos. La investigación revela la cadena de vínculos que va desde el dinero de un inversionista hasta violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

Lo que estas investigaciones tienen en común es su rigor. Contrastaron los testimonios con los registros de contrataciones. Contrastaron los registros de contrataciones con los datos comerciales. Contrastaron los datos comerciales con la evidencia de despliegue y uso. Contrastaron las declaraciones de las empresas con documentos internos, especificaciones técnicas y cronologías.

Así, cada fuente compensó las debilidades de las demás. Y de esa manera permitieron a los reporteros ir más allá de un solo hecho atroz para revelar los sistemas, las instituciones y las relaciones comerciales que hacen posible la violencia facilitada por la tecnología.

El camino a seguir

El desafío para los periodistas de investigación y los reporteros de guerra ya no es simplemente documentar la violencia, sino comprender los sistemas que la producen. A medida que la guerra depende cada vez más de la tecnología comercial, la infraestructura en la nube, los sistemas de datos y la inteligencia artificial, la responsabilidad se reparte entre Estados, ejércitos, empresas tecnológicas, subcontratistas y financistas. El resultado es que la rendición de cuentas se vuelve más difícil de rastrear y, a la vez, más fácil de eludir para cada actor individual.

El periodismo debe responder a esto volviéndose más forense, más técnico y más interdisciplinario. Siga la cadena desde el daño hasta las decisiones, los contratos, el código y las instituciones que lo hicieron posible. Que esto haya sido posible casi con certeza significa que volverá a ocurrir. Y, en la era de la guerra tecnológica, la historia más importante quizá no sea el ataque en sí, sino el sistema que lo hizo posible y que parece destinado a hacerlo una y otra vez.


Iain Overton es un periodista de investigación, autor y activista de derechos humanos británico. Es director ejecutivo de Action on Armed Violence (AOAV) y profesor asociado en la SOAS University of London, donde dirige el máster en Periodismo de Investigación y Derechos Humanos. Ganador del premio Peabody y antiguo editor en jefe del Bureau of Investigation Journalism, es autor de «Gun Baby Gun», un análisis de la cultura global de las armas, y de «The Price of Paradise», una historia de los atentados suicidas y su impacto en los conflictos contemporáneos. Es doctor por la Universidad de Portsmouth por su trabajo periodístico sobre conflictos.

 

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