Editores y periodistas denuncian proyecto de ley que amenaza al periodismo de investigación en Perú

Los periodistas de investigación en Perú han publicado historias de gran impacto en los últimos años: desde profundas investigaciones sobre corrupción y reportajes sobre nepotismo, hasta seguimiento del escándalo transnacional de Lava Jato e indagaciones sobre la violencia política.

En cada momento clave de las recientes crisis, como el hecho de haber tenido seis presidentes en los últimos 10 años, el periodismo de investigación ha ayudado a la audiencia a comprender qué está ocurriendo, qué está en juego y quiénes se benefician.

Según organizaciones de libertad de prensa y periodistas entrevistados por GIJN para este artículo, un nuevo proyecto de ley podría afectar seriamente su capacidad para hacer periodismo de investigación.

El proyecto de ley, conocido como la Ley Mordaza en Perú, ha generado una amplia preocupación entre los reporteros, quienes coinciden en advertir que si el Congreso aprueba la iniciativa en una segunda votación y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte la promulga, se verían impedidos de realizar este tipo de coberturas.

El proyecto de ley aumenta las penas por difamación y establece plazos más estrictos para las correcciones. Entre las medidas se incluyen penas de hasta cinco años de prisión, pago de reparaciones para quienes cometan difamación y calumnias; restricción en el tiempo que los medios tienen para hacer una corrección, pasando de siete días a 24 horas y una medida que sugiere que la difusión de información que afecte la intimidad personal podría considerarse como difamación.

Los periodistas alertan

El periodismo de investigación en Perú se ha refugiado en los medios digitales, de donde han salido investigaciones que han develado grandes casos de corrupción que involucran a las autoridades. Los periodistas coincidieron en advertir que si el Congreso aprueba el proyecto de ley sobre rectificación, calumnia y difamación en una segunda votación y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte lo promulga, ya no podrían hacer este tipo de coberturas.

Aunque el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, ha sufrido persecución judicial y acoso digital por sus investigaciones sobre corrupción, considera que este proyecto de ley es uno de los intentos más extremos por controlar y asfixiar al periodismo con regulaciones. “Está dirigido no sólo a reprimir y controlar a la prensa sino también a eliminar el periodismo investigativo independiente”, afirmó.

En opinión de Gorriti, si se aprueba esta norma, no podrían realizar grandes investigaciones como las que hizo IDL-Reporteros sobre el caso Lava Jato, que expuso la inmensa red de corrupción en los niveles más altos del Estado peruano y de la empresa privada, y si las hacen, los periodistas serían reprimidos y sus medios de comunicación cerrados.

Para David Hidalgo, director de OjoPúblico, este proyecto de ley es parte de una serie de iniciativas recientes de las autoridades que tienen un impacto en el periodismo. “Hay una intención de ciertos sectores políticos de contrarrestar el impacto de investigaciones periodísticas sobre temas sensibles que involucran desde casos de corrupción hasta conflicto de intereses”, manifestó.

Hidalgo advirtió que si se promulga la ley, no podrían hacer investigaciones como las que publicó recientemente OjoPúblico sobre el aumento de las contrataciones de familiares de altos funcionarios públicos del sector Educación en instituciones del Estado porque los involucrados pueden argumentar que se está violando su intimidad personal.

Los sindicatos de periodistas han advertido contra medidas que podrían restringir la libertad de prensa. Imagen: Cortesía del Archivo de la ANP.

Fabiola Torres, fundadora y directora del medio Salud con Lupa, dice que el endurecimiento de las penas por difamación y calumnia debilita las condiciones para ejercer el periodismo de investigación e instala un mecanismo de presión y censura que inhibe la labor del periodismo crítico. “Es un retroceso enorme. El riesgo de cárcel o de reparaciones civiles desproporcionadas se convierte en un desincentivo claro para investigar al poder”, señala.

Torres recordó la investigación que publicó Salud con Lupa sobre las compras irregulares de alimentos que hizo la Municipalidad de Lima para abastecer a las poblaciones más vulnerables. El alcalde amenazó públicamente con demandarlos por difamación. Si el proyecto de ley hubiera sido aprobado, habría tenido más herramientas para presionarlos.

Daniel Yovera, periodista de Epicentro TV, advierte que si el proyecto se convierte en ley, se puede amedrentar a algunos periodistas y medios que, para evitar una demanda, accederían a las exigencias de una rectificación “exprés”. Si no acceden, podrían ser llevados a juicio. “Ante eventuales fallos judiciales desfavorables, los periodistas podrían perder su libertad, si reciben una condena; parte de su patrimonio, porque tendrían que pagar una reparación civil; y su credibilidad”, precisó.

Cada año un promedio de 30 a 35 periodistas en el Perú son llevados a los tribunales y en los últimos cinco años se han registrado 150 casos, informó Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

Lainez advirtió que si este proyecto se convierte en ley, los periodistas podrían recibir prisión efectiva por difamación y calumnia y “la amenaza de la autocensura va a estar sobre la mesa”.

Lainez alertó sobre la inclusión de la figura de violación de la intimidad personal como una forma de difamación porque los periodistas no podrían difundir la información de interés público sobre funcionarios del Estado. Como ejemplo citó una investigación sobre cirugías estéticas a las que se sometió la presidenta, ausentándose del cargo sin comunicar al Congreso, porque se podría alegar que violentan su intimidad.

Para Adriana León, periodista y directora del área de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Perú), este proyecto de ley afecta al periodismo y más al de investigación. “Es tan restrictivo en el tema de la rectificación que no tolera la opinión, tampoco el humor político”, advierte.

Una investigación reciente sobre los relojes Rolex que usa la presidenta no hubiera podido hacerse, destaca León, de Ipys, porque los funcionarios públicos involucrados en este caso podrían sentirse afectados y denunciar a los periodistas. El escándalo se conoció como Rolexgate.

“La amenaza de cárcel y altas multas es grave en un momento en el que los medios pasan por una crisis tremenda, tienen muy pocos recursos y poca capacidad de contratar abogados”, señaló.

¿Qué hacer ante esta amenaza?

León señaló que este proyecto de ley en Perú se asemeja mucho a la ley de comunicación aprobada en 2013 por el gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador, en lo referente a las rectificaciones, la cual fue modificada en 2018.

Al recordar los alcances de esta ley en Ecuador, el director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), el periodista ecuatoriano César Ricaurte, destacó que restringió el trabajo de la prensa porque el gobierno apeló al derecho a réplica y rectificación para imponer contenidos. “El control y la censura no sólo se ejercían sobre la información sino también en columnas de opinión y hasta en caricaturas”, dijo.

A partir de la reforma de la Ley de Comunicación, comenzaron a aparecer grandes investigaciones periodísticas sobre la corrupción en la gestión de Correa.

Las amenazas a la libertad de prensa están relacionadas con un declive de la democracia en la región. Así lo señala Cristina Zahar, coordinadora del programa de América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Resalta que tanto en Perú como en Ecuador, Bolivia, Paraguay y otros países latinoamericanos hay un discurso estigmatizante en contra de la prensa y de los periodistas que viene desde arriba, desde las autoridades. Este tipo de leyes, dice ella, solo empeoran la situación.

“Si este proyecto pasa, va a afectar la libertad de los periodistas y de los medios para investigar al poder y hacer investigaciones de interés público», alerta Zahar.

Fabiola Torres, de Salud con lupa, afirma que es fundamental visibilizar los riesgos de este proyecto legislativo, no solo para los periodistas, sino para toda la ciudadanía. “Cuando se restringe la posibilidad de investigar y denunciar irregularidades, quienes más pierden son las personas que dependen de servicios públicos, que viven en condiciones vulnerables”, menciona.

David Hidalgo, de OjoPúblico, dice que (si el proyecto de ley es aprobado) los periodistas deben preparar estrategias legales con asesoría de abogados, pero alerta que muchas organizaciones independientes no tienen acceso a una defensa legal adecuada. “Son procesos costosos que pueden afectar seriamente la sostenibilidad de las organizaciones periodísticas”, agrega.

Elena Miranda es una periodista peruana radicada en Lima. Colabora con medios digitales realizando periodismo de investigación y análisis de datos. Ha trabajado para el portal Convoca y los diarios Correo, Ojo, Perú 21, Liberación y La República.