Bajo presión y sin dejarse intimidar: cómo el periodismo de investigación persevera en Argentina

Javier Milei llevaba casi dos años como presidente de Argentina por casi dos años cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una sesión en la que los participantes advirtieron sobre el “veloz y pronunciado” deterioro de la libertad de expresión en el país.Durante la audiencia, organizaciones de periodismo y de la sociedad civil testificaron sobre sus experiencias trabajando bajo un presidente que recorrió la campaña electoral con una motosierra y que se había posicionado del lado de antagonistas de la prensa, como el presidente estadounidense Donald Trump y su entonces homólogo brasileño, el presidente Jair Bolsonaro.

La audiencia de noviembre de 2025 reveló datos del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que mostró que los ataques a la prensa aumentaron el año pasado al número más alto desde que se comenzó a rastrear en 2008. En 2025 se identificaron 278 casos de agresión, un 55% más que en 2024 y el triple que en 2023, antes de la llegada de Milei.

El dato más llamativo del informe titulado “El periodismo en riesgo de silencio” es que el presidente fue responsable de cuatro de cada diez agresiones. Además de usar expresiones como “No odiamos lo suficiente a los periodistas” o “el 95 % de los periodistas son delincuentes”, desde que asumió el poder, Milei ha atacado de forma personalizada a periodistas en sus redes sociales y en entrevistas.

También culpó a los medios de funcionar como un bloque colusivo y aseguró que “les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión”.

Ataques a la libertad de expresión, según consta en el informe de FOPEA, año tras año. 2025 fue el peor año registrado. Imagen: Captura de pantalla, FOPEA

Fernando Stanich, reportero de la ciudad de Tucumán y presidente de FOPEA, dice que, aunque todos los reporteros sienten el impacto de la situación actual, “se afecta sobre todo al periodismo de investigación porque es el que realmente incomoda al poder”.

Así lo confirma también Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización que en 2026 ubica a Argentina en el puesto 98 entre 180 países, once lugares por debajo de la posición en la que estaba el año anterior. En el 2024 estaba en el puesto 66, en el 2023 en el 40. La caída implicó que el país pasara de estar en una situación calificada como “problemática” a una calificada como “difícil”.

“Creo que no se trata tanto de la cantidad de agresiones, porque siempre las hubo en todos los gobiernos, sino de que la respuesta a las investigaciones y a las críticas se volvió más agresiva”, explica el veterano periodista Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción del diario La Nación y miembro de FOPEA.

Alconada Mon es autor de varias investigaciones sobre casos de corrupción que rodean al gobierno de Milei. Una de ellas está relacionada con la estafa de la criptomoneda $LIBRA, en la que el presidente estuvo implicado. Aunque Milei niega haber actuado de manera inapropiada, el caso continúa bajo investigación oficial. Alconada Mon también trabajó en una investigación sobre un supuesto caso de enriquecimiento ilícito que involucra al entonces jefe de gabinete y portavoz presidencial Manuel Adorni (Adorni renunció después de la revelación, aunque dijo que lo hizo “con la conciencia tranquila”). Otro caso relacionado con presuntos sobornos vinculados a la agencia nacional de discapacidad llegó hasta Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ella negó las acusaciones y su hermano, el presidente, calificó las acusaciones como teatro político.

Pero una revelación de Alconada Mon desencadenó una respuesta más agresiva y coordinada. En mayo de 2025, el periodista publicó los detalles del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) del Gobierno, un documento secreto de 170 páginas que establecía como prioridad la vigilancia de individuos que “erosionan la confianza en el gobierno” y podrían “influir en la opinión pública.”

“Apenas publicada esta información, recibí diez intentos de hackeo de mi teléfono celular, después dos de mi correo electrónico y dos de mi cuenta de X. A continuación, llamadas y amenazas desde cuatro números de distintas provincias. Además, me inscribieron en páginas financieras y en páginas pornográficas”, explica Alconada Mon. Más de un año después, la investigación judicial apenas ha avanzado.

La Oficina del Presidente negó que el Plan de Inteligencia tuviera fines persecutorios. Milei replicó el comunicado en su cuenta de X y volvió a atacar a los periodistas, a quienes calificó como “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.

Milei, con el manual de Donald Trump

El presidente argentino, Javier Milei, fotografiado en 2025. Con frecuencia llama a los periodistas “criminales”. Imagen: Shutterstock

Javier Milei consiguió la presidencia en 2023 en una elección sorpresiva: había perdido la primera vuelta por más de seis puntos y terminó ganando por casi nueve en balotaje. Había llegado a la política como legislador después de hacerse famoso como polemista en programas de televisión donde se presentaba como un “libertario anarco capitalista” que proponía destruir el Estado.

Al grito de ¡Viva la libertad, carajo! proponía terminar con “la casta política” y apuntaba al ajuste salvaje como fórmula para terminar con la inflación al tiempo que insultaba a adversarios políticos, referentes de la cultura, periodistas y hasta al Papa Francisco. Lejos de abandonar ese estilo agresivo y desbordado, una vez en el poder lo profundizó.

Reporteros Sin Fronteras vincula el deterioro de la libertad de expresión en Argentina con la cercanía de Milei con su par estadounidense, Donald Trump, quien “ha convertido los ataques contra la prensa y los periodistas en una práctica sistemática”. Y agrega que lo mismo ocurre con Nayib Bukele, otro de “los fervientes defensores de Trump en América Latina que reproducen el manual”.

“Estigmatizar el discurso”, “Estigmatizar el discurso”, para desacreditar o disciplinar a la prensa, es uno de los indicadores utilizados por la Red Voces del Sur para medir la libertad de expresión. Argentina quedó en primer lugar en el ranking Cartografía del silencio: el país concentra 139 de las 547 alertas registradas en la región, seguido por Colombia (61) y El Salvador (58). El 99,4 % de las alertas fueron atribuidas a Milei.

“Cuando estas narrativas son promovidas por actores con poder político o alta visibilidad pública, no solo afectan la reputación y la seguridad de periodistas y medios, sino que además amplifican la exposición a otras formas de violencia y legitiman nuevas agresiones”, remarca el informe.

“Estos últimos dos años han sido muy difíciles para nosotros por el desprecio y la incitación al odio por parte de quien ocupa el cargo más importante del país”, señala Sandra Crucianelli, periodista de investigación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El “discurso estigmatizador”. cuando se utiliza como herramienta para desacreditar y disciplinar a la prensa, es uno de los indicadores que monitorea la Red Voces del Sur para medir la libertad de prensa. Argentina quedó en primer lugar en el ranking Cartografía del silencio: el país concentra 139 de las 547 alertas registradas en la región, seguido por Colombia (61) y El Salvador (58). El 99,4 % de las alertas fueron atribuidas a Milei.

“Cuando estas narrativas son promovidas por actores con poder político o alta visibilidad pública, no solo afectan la reputación y seguridad de periodistas y medios, sino que además amplifican la exposición a otras formas de violencia y legitiman nuevas agresiones”, remarca el informe.

“Estos últimos dos años han sido muy difíciles para nosotros por el desprecio y la incitación al odio por parte de quien ocupa el cargo más importante del país”, señala Sandra Crucianelli, periodista de investigación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

A la estigmatización y las agresiones virtuales, la periodista suma obstáculos materiales para hacer periodismo de investigación: “Se dificultó el acceso a la información pública. Por ejemplo, hay muchas bases de datos que están desactualizadas y hay información relevante que no se publica más”. Una muestra de ello es que históricamente la Cámara de Diputados publicaba el listado de personal asignado a cada bloque político y a cada legislador. “Eso ya no está disponible. En el Senado también se dificultó el acceso a los datos y desde 2023 no se desarrolla la base integrada de Empleo Público, que usábamos para analizar el tamaño del Estado y la evolución de los sueldos públicos”.

A las restricciones de hecho se suman acciones del Gobierno, como la modificación por decreto de la Ley de Acceso a  la Información Pública, que limitó el alcance de los datos que pueden solicitarse y redefinió qué se considera información pública.

Por su parte, la periodista de investigación Emilia Delfino, también miembro del ICIJ y editora en Mongabay, señala que “la hostilidad por parte del poder es peligrosa porque puede convertirse en agresión física muy fácilmente y eso tiene consecuencias imprevisibles e indeseables”.

“El riesgo se multiplicó y va combinado con la pérdida de credibilidad de los periodistas. Es un combo del que va a ser difícil salir”, advierte. “Otro riesgo central es que esa hostilidad del poder nos quite objetividad… Por más personalísimos que sean los ataques del poder a los periodistas, nosotros no debemos caer en ese juego. Debemos cuidar el lenguaje, cómo informamos y cómo nos expresamos en este contexto de creciente violencia”.

Persecución judicial y fake news

El avance contra la libertad de expresión en Argentina llegó también a la justicia. Según los registros de FOPEA, en 2025 se iniciaron 30 causas contra periodistas, un número sin precedentes en el país. Aún más inédito es el hecho de que ocho de esas causas fueron iniciadas por el presidente.

Sólo una permanece abierta. Se trata de la demanda penal y civil contra el periodista Ari Lijalad. Milei acusó al conductor del programa de radio El  Destape por “calumnias e injurias” luego de la publicación de un artículo de opinión. Después de ser demandado, el periodista recibió el apoyo de 600 colegas, quienes firmaron la republicación del artículo.

Lijalad sostiene que, en realidad, el ataque judicial es la venganza del presidente por su investigación sobre los cinco millones de kilos de alimentos destinados a comedores populares que fueron retenidos por el Gobierno. El artículo se publicó apenas seis meses después de que Milei llegara al poder y fue una de las primeras revelaciones de impacto. 

“Milei busca meternos miedo porque pretende que su opinión sea un hecho incontrastable”, dice Lijalad, quien señala la complicidad de la justicia: “En estos casos, la condena es el proceso, porque son demandas que deberían descartarse de inmediato por los precedentes de la CIDH sobre libertad de expresión, pero ningún juez quiso hacerlo”.

Otro caso emblemático es el de la periodista Julia Mengolini, que en 2025 sufrió un ataque mediante un video sexual generado con IA que el presidente amplificó. Tras sufrir acoso constante, el año pasado la fundadora del medio Futurock anunció que iba a presentar una acción penal contra Milei por “incitación al odio y a la violencia colectiva” y por “amenazas coactivas”.

“La violencia afecta especialmente a las mujeres periodistas, quienes dejan de abordar ciertos temas por miedo a ataques de este tipo, porque para ellas suelen dirigirse a su vida privada”, señala Stanich, presidente de FOPEA. La lista de quienes sufrieron ataques personalizados del presidente en su cuenta de X y en entrevistas incluye a María O’Donell, Romina Manguel, Luciana Geuna y Débora Plager, entre otras.

Represión más allá de la retórica y las demandas

El año pasado fue además el año con más agresiones físicas a periodistas que se recuerde en Argentina desde la restauración de la democracia. Un informe del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) destacó un aumento del 66 % en el número de periodistas agredidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas.

En marzo de 2025, el fotógrafo Pablo Grillo fue golpeado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la policía durante una manifestación de jubilados — que marchan todos los miércoles frente al Congreso Nacional. Aunque se recuperó de sus heridas, sufre secuelas permanentes.

“El uso de máscaras de gas y cascos para protegernos pasó a ser parte de nuestro equipo de trabajo”, denunció el fotoreportero Tomás F. Cuesta ante la CIDH. Colaborador de medios locales e internacionales, como la agencia AFP, también recibió golpes y fue detenido por las fuerzas de seguridad mientras trabajaba en las protestas frente al Congreso. Otro de los fotógrafos víctima de esta violencia dirigida a la prensa de parte del Estado fue Rodrigo Abd, quien recibió el impacto de un camión hidrante que le produjo daños permanentes en el oído.

El último movimiento del gobierno fue el cierre de la sala de prensa en la Casa Rosada, la versión argentina de la Casa Blanca y sede del poder ejecutivo. La sala permaneció cerrada durante once días a principios de mayo de 2026 y se revocaron las credenciales de prensa de los periodistas. El gobierno dijo que la medida fue consecuencia de que dos reporteros grabaran con gafas inteligentes, mientras que los periodistas calificaron la medida como “un ataque explícito a la libertad de prensa, la práctica del periodismo y el derecho del público a acceder a la información”.

Y parece poco probable que los ataques paren pronto: los periodistas se preparan para la posible derogación del Estatuto del Periodista Profesional, que está en vigor desde 1946, y cuya derogación el gobierno incluyó en su proyecto de reforma laboral.

“El Estatuto sirve como un escudo protector para los periodistas contra la presión política y económica… Garantiza condiciones laborales equitativas, protege la confidencialidad de las fuentes y asegura el acceso a edificios públicos, la propiedad intelectual y la ética periodística”, explica Stanich. “Perderlo constituye un ataque directo a la libertad de expresión”.

Paula Bistagnino es periodista independiente radicada en Buenos Aires. Su trabajo ha sido publicado en Revista Anfibia, Página 12, Revista Ñ e Infobae, así como en el medio español elDiario.es. En 2015 recibió la beca Gabriel García Márquez de Periodismo Cultural de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y, en 2020, una beca de periodismo de investigación de Connectas. Ha dedicado más de una década a investigar el Opus Dei. Ha ganado dos premios de FOPEA: uno a la mejor investigación en 2021 y otro al mejor libro de investigación en 2024.