Cómo periodistas salvadoreños luchan por la información pública pese a las crecientes obstrucciones

En sus más de 13 años de carrera como periodista de investigación, Loida Martínez Avelar ha sido testigo del deterioro de la transparencia en su natal El Salvador. Recuerda cómo la cobertura periodística amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) sacó a la luz problemas sociales y casos de corrupción.

Recuerda en particular un importante informe sobre maternidad temprana publicado en 2018 por el medio en el que trabaja, Revista Factum, que fue representativo del alcance que obtuvo el periodismo salvadoreño apoyándose en el sistema de transparencia.

“Creamos un mapa de embarazos en adolescentes. Comprobamos que el 30% de los embarazos en El Salvador son de menores de edad”, dijo Martínez Avelar a LatAm Journalism Review (LJR). “Ese trabajo se hizo con acceso a información pública, utilizando las estadísticas solicitadas. Ese tipo de información básica es algo que el Ministerio de Salud ya no te da”.

Desde que el presidente Nayib Bukele asumió en 2019, el retroceso se ha hecho más notorio, dijo Martínez Avelar. Señaló que en septiembre de 2020 solicitó información sobre un acuerdo que hizo el gobierno para que médicos españoles viajaran a El Salvador a brindar servicios durante la pandemia de COVID-19.

No sólo le fue denegada su solicitud, sino que recibió respuesta recién el año pasado, cuatro años después, a pesar de que la LAIP exige que las solicitudes de información sean respondidas en un plazo de 10 días hábiles, prorrogables a 15.

“Veo todos los retrocesos que ha sufrido la Ley de Acceso a la Información Pública”, dijo Martínez Avelar. “El instituto encargado de velar por el cumplimiento de esta ley se ha convertido en un accesorio más del aparato estatal. No está haciendo su trabajo”.

Declive más amplio en transparencia

No se trata de la percepción de un solo periodista. Un informe de la organización independiente Acción Ciudadana, publicado en marzo del año pasado, reveló una baja tasa de solicitudes resueltas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y una clara disminución de las decisiones a favor de los ciudadanos en 2023.

Ante este deterioro del derecho de acceso a la información —que se manifiesta principalmente a través de un organismo de control inoperante y mayores restricciones gubernamentales a los datos— Martínez Avelar y otros periodistas salvadoreños se han visto obligados a buscar alternativas para seguir descubriendo información que obligue a rendir cuentas a quienes están en el poder.

Entre las tácticas que utiliza la prensa para sortear las restricciones a la información pública se encuentran el recurso a fuentes anónimas, la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el seguimiento de denuncias ciudadanas y la construcción de bases de datos propias.
“Obtener información que permita la rendición de cuentas y el control ciudadano es casi imposible”, dijo a LJR la periodista de investigación Karen Moreno, de la Revista Factum. “El reto para los periodistas, en este escenario, es encontrar y cultivar fuentes de información que puedan proporcionar pistas o documentos de interés público”.

Moreno, quien utilizó solicitudes de información pública para investigar la riqueza de legisladores de períodos anteriores y monitorear la violencia contra las mujeres en El Salvador, dijo que otro desafío que enfrentan los periodistas es agudizar su “instinto periodístico” para identificar pistas en la información que aún está disponible.

Sin embargo, Moreno reconoce que buscar fuentes alternativas no es tan fácil por el temor infundido en los ciudadanos tras el estado de excepción declarado por Bukele en marzo de 2022. Esta medida, implementada en respuesta a un alarmante aumento de la violencia en el país, ha sido criticada por organismos internacionales por supuestamente ser utilizada como herramienta para reprimir voces críticas y facilitar violaciones de derechos humanos.

Creación de bases de datos independientes

Por su parte, Martínez Avelar dijo que los periodistas también se han visto obligados a construir sus propias bases de datos con información que logran recolectar a través de filtraciones o de organizaciones que documentan casos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, que luego verifican.

“Estamos construyendo nuestras propias bases de datos con entrevistas, datos verificados y la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, que están haciendo un gran trabajo”, dijo Martínez Avelar. “Siempre habrá fuentes que observen la realidad y nos brinden pruebas”.

Las denuncias ciudadanas en las redes sociales también se han convertido en una fuente importante de información, afirmó Martínez Avelar. En la redacción de Revista Factum, añadió, cada vez más reportajes investigativos parten de una denuncia ciudadana que luego es sometida a verificación y cotejo con otras fuentes.

Restringir la información pública para controlar la narrativa

En un análisis comparativo de las leyes de acceso a la información pública en cuatro países centroamericanos, publicado por Artículo 19 en 2023, la LAIP de El Salvador destacó como un marco legal relativamente aceptable.

Según el análisis, la legislación salvadoreña se distingue por su enfoque integral y un marco legal más sólido en comparación con las leyes de Guatemala, Honduras y Nicaragua. La LAIP incorpora principios que promueven la transparencia y la rendición de cuentas, facilitando a los ciudadanos el acceso a la información sobre la gestión pública.

Aunque el análisis de Artículo 19 también encontró áreas de mejora, el derecho de acceso a la información en El Salvador había estado funcionando relativamente bien, según Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización independiente que trabaja a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

“Lo que permitió que presidentes o funcionarios tanto de [Partido político Alianza Republicana Nacionalista] ARENA como del FMLN [Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional] fueran procesados ​​por problemas de corrupción fue precisamente el acceso a la información”, dijo Escobar a LJR. “A través de solicitudes de información se detectaron ciertas irregularidades que, al ser atendidas, revelaron corrupción”.

Por eso, agregó, cuando Bukele llegó al poder sabía que no podía permitir un acceso tan amplio y sin restricciones a la información como lo habían hecho los gobiernos anteriores, pues correría el riesgo de exponer irregularidades en su gestión.

“Desde el primer día que tomaron el control del Poder Ejecutivo, comenzaron a restringir el acceso a la información, a clasificar los datos como reservados y a hacer todo lo que han estado haciendo”, dijo Escobar.

En septiembre de 2020, Bukele aprobó cambios al reglamento de la LAIP que redujeron la autonomía de los comisionados. Ese mismo mes, el presidente nombró a nuevos comisionados en un proceso criticado por irregular y poco transparente por supuestamente realizarse mediante votación secreta.

“Desde 2020, cuando se empezaron a sustituir a los comisionados, el trabajo del instituto ha decaído significativamente. Ha dejado de vigilar el acceso a la información como debería”, dijo Escobar. “Ha dejado de resolver casos y, cuando lo hace, privilegia los intereses del gobierno por encima de los de los ciudadanos. Ha abandonado su papel de proteger el derecho de acceso a la información”.

Esto se aplica a prácticamente todas las oficinas de información pública de las agencias gubernamentales, donde los periodistas anteriormente tenían acceso a datos públicos, agregó Moreno. “Se han convertido en ‘guardianes’ de la información, controlando los datos públicos y decidiendo qué y cuánto publicar”, dijo.

Este control de la información tiene como objetivo principal controlar la narrativa en torno a la administración de Bukele, dijo Escobar. Esto se hace evidente en la falta de acceso a la información pública para verificar los supuestos logros que el presidente y sus funcionarios suelen exagerar, como afirmar que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental o que gestionó la pandemia mejor que cualquier otra nación del mundo.

“Pueden decir lo que quieran y no hay forma de comprobar los hechos. Clasificar la información es un medio de control social. Controlan lo que los ciudadanos piensan y dicen sobre la administración pública”, dijo Escobar. “La base de su gobernanza es poder presentar o inflar datos o situaciones. Para mantener su propaganda, necesitan controlar la narrativa, y eso significa controlar el acceso a la información para que nadie pueda cuestionar sus cifras”.

Información clasificada y disminución de los recursos legales

Otros indicadores del deterioro de la transparencia en El Salvador son los índices de información clasificada, referentes a registros de información pública que por ley es clasificada.

El artículo 19 de la LAIP de El Salvador establece las causales por las cuales la información pública puede ser catalogada como reservada, entre ellas la seguridad nacional, la integridad de las personas y los procesos judiciales en curso.
“Han abusado de ese artículo e incluido mucha información de interés público en esos índices de información reservada”, dijo Martínez Avelar. “Han habido casos en que periodistas presentaron solicitudes específicas de información, las leyeron y luego agregaron la información solicitada al índice”.

Según un informe publicado en 2023 por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), desde 2019 se observa un patrón creciente de uso de etiquetas de información clasificada por parte de las instituciones públicas de El Salvador, particularmente para temas relacionados con seguridad y derechos humanos.

Esta tendencia se ha acentuado desde que entró en vigor el estado de excepción. Desde marzo de 2020, el gobierno ha declarado como confidencial gran parte de la información relacionada con las políticas de seguridad, alegando razones de “seguridad nacional”.

“El tiempo que se requiere para hacer periodismo de investigación se ha alargado porque, al ser información pública clasificada, es más difícil verificar los datos”, dijo Moreno. “Los datos sobre homicidios, desapariciones, feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres, por ejemplo, ahora son clasificados como secretos. Ya no podemos verificar las políticas de seguridad pública”.

Aunque la LAIP señala que los ciudadanos tienen derecho a apelar las decisiones sobre sus solicitudes de acceso a la información, las apelaciones rara vez prosperan. Según el informe de Acción Ciudadana, de las 131 apelaciones y casos no resueltos atendidos por el IAIP en 2023, solo 10 se resolvieron a favor de los ciudadanos, lo que representa menos del 8%.

Tanto Martínez Avelar como Moreno atribuyen el bajo porcentaje de éxito de los recursos a la falta de verdadera independencia dentro del IAIP, que según ellos está dirigido por comisionados afines al gobierno de Bukele. Anteriormente, si los recursos ante el instituto fracasaban, los ciudadanos tenían la opción de presentar un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esta sala es otra institución que ha caído bajo el control del ejecutivo, dijo Escobar.

“Fue un factor clave [para la administración de Bukele] tomar el control de la Sala de lo Constitucional”, dijo Escobar. “Lo que hicieron al obtener la mayoría legislativa en 2021 fue remover a los magistrados y nombrar a empleados del Despacho Presidencial como nuevos magistrados”.

La aparente cooptación de las instituciones de justicia de El Salvador significa que los periodistas a menudo renuncian desde el principio a buscar vías legales para hacer valer su derecho a acceder a la información pública.

“Las demandas son bastante agotadoras”, dijo Martínez Avelar. “Ya estamos muy ocupados tratando de encontrar otras formas de obtener información”.

Nota de la editora: Texto traducido por Jorge Valencia. Este artículo fue publicado originalmente en LatAm Journalism Review y se reproduce aquí con autorización.