Guía para periodistas: cómo investigar el tráfico de armas

Imagen: Shutterstock

Nota editorial: Esta historia sobre cómo investigar el tráfico de armas es un fragmento de la  guía de GIJN sobre “Cómo investigar el crimen organizado”.  La guía completa se publicará en noviembre durante la Global Investigative Journalism Conference. 

Cuando el director de cine Andre Niccol compró utilería para la película de 2005 “El señor de la guerra”, aprendió una lección costosa. Comprar armas reales era más barato y sencillo que comprar armas falsas. Así que, como explicó durante la gira de prensa para la película, compró un alijo de 3,000 rifles Kalashnikov auténticos y también alquiló tanques de uso militar. Lo costoso vino después. Aunque destruyó parte de las armas en Sudáfrica para evitar que se volvieran a usar, las limitaciones presupuestarias lo obligaron a vender el resto a mitad de precio (a pérdida), porque el mercado estaba saturado de armas.

“El señor de la guerra”, inspirada en traficantes de armas reales como Viktor Bout de Rusia, juega con los papeles del dictador liberiano Charles Taylor en el rol de comprador y Bout como proveedor. La película comienza mostrando lo fascinante y amenazante de una bala, desde que es creada a partir de pólvora en un cartucho, hasta que es transportada en cajas. En algún punto, se expone la interacción compleja y turbia entre gobiernos, miembros de los grupos de presión, traficantes de armas, financistas, agentes de inteligencia, transportistas y empresas de mensajería.

Bout recibió una sentencia de 25 años en una cárcel de Estados Unidos por participar en una operación encubierta y Taylor a 50 años, luego del juicio de un tribunal de crímenes de guerra en La Haya. 

Desde entonces, el gasto militar mundial aumentó a casi dos billones de dólares en 2020. Los cuatro compradores de armamento más grandes son Estados Unidos, China, Rusia y el Reino Unido, quienes también están entre los más grandes proveedores del mundo. 

El mercado global de armas engrana intercambios comerciales y financieros entre los mismos modelos de negocio que impulsan el crimen organizado multinacional, los beneficios obtenidos de la guerra y las economías autoritarias o estimuladas por el conflicto.

Esto se debe a que las leyes nacionales que regulan el tráfico de armas son inconsistentes y contradictorias. Aparte, están influenciadas por líderes corruptos y plagadas de vacíos legales. 

Otros impedimentos para exponer el comercio de armas son la falta de transparencia marítima y aérea, que oculta el transporte de armas, las entidades corporativas que blindan a los traficantes y agentes, el papel que juegan los países vecinos como rutas de tráfico y un sistema de trueque que permite el intercambio de una mercancía ilegal, como el marfil, por otra.

Siempre y cuando los documentos parezcan estar en orden, los bienes traficados se pueden transportar a simple vista, a menos que las aduanas u otros entes oficiales tengan pruebas cuantiosas para incautar e inspeccionar. Como me dijo un funcionario sudafricano que trabajaba en un aeropuerto privado: “no ganamos nada y no tenemos nada… no está en nuestras manos hacer frente a esto o crear enemigos poderosos”.

A diferencia del tráfico de drogas o personas que está prohibido en todas partes, puede pasar inadvertida la triada conformada por los secretos financieros, las armas y los delitos ambientales, como el tráfico de madera o la caza furtiva de fauna salvaje que ocurren en muchos casos. Todo depende de la opacidad brindada por distintas jurisdicciones, así como sus sistemas jurídico, financiero y de transporte correspondientes.

La encarcelación de Bout, por ejemplo, no impidió que su red siguiera suministrando armas de Sudán a Siria a través de directores sudafricanos y rusos, compañías fantasmas mauricianas y permisos de vuelo falsos para adquirir una flota de aviones usados para el contrabando de armas. Algunas de estas empresas de aviación, según consta, siguen operativas en la isla Mauricio ostentando de vuelos en “avión privado”.

Las aeronaves comerciales pueden apagar sus transpondedores cuando están en espacios aéreos internacionales y dejar a ciegas a los controladores de tráfico aéreo. Pero la flota de aviones pequeños de Bout (en especial, los modelos más viejos sin sistemas GPS incorporados) son casi indetectables y podrían volar debajo de los radares dentro de los países y entre ellos. El gobierno de Mauricio, en ese momento, no actuó de manera contundente más allá de hacer comunicados en los medios para negar cualquier acto indebido.

Lo que permite que haya una censura casi total sobre la información de acceso público es la protección que consienten los gobiernos que venden armas o subsidian sus industrias privadas. Además de los paraísos fiscales, que aceptan la subcontratación de actividades de “aquí a otra parte”.

Los periodistas de investigación muchas veces son los primeros en identificar la actividad ilícita, ilegal o corrupta asociada a las armas, que a menudo está relacionada con conflictos en desarrollo o venideros, el crimen organizado, la corrupción y la explotación de recursos naturales.

Alcance mundial

La industria de las armas tiene menos legislación internacional obligatoria y ejecutable que la industria del plátano o de la soya, por lo que los expertos han afirmado que el sector representa al menos  40% de la corrupción mundial conocida.

Imagen: Captura de pantalla (SIPRI)

Solo 10 países aportan 90% del suministro mundial de armas. En los últimos años, casi 40% de la provisión mundial documentada provenía de Estados Unidos. Cerca de la mitad de las exportaciones de armamento de Estados Unidos estaba dirigida al Medio Oriente, sobre todo a Arabia Saudita, el mayor importador de armas del mundo.

Los lazos diplomáticos y la presión de sus homólogos fomentan que los países presenten informes sobre sus importaciones y exportaciones anuales de armas. Por ejemplo, el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, crea un marco multilateral para limitar el comercio de armas y su uso para la guerra, violaciones de derechos humanos y terrorismo. Pero, aunque el tratado lo han ratificado más de 100 países, las principales naciones exportadoras de armas –como Estados Unidos y Rusia– no han firmado y algunas que lo han ratificado –como China– no han enviado los reportes anuales.

En la práctica, estas divulgaciones no incluyen datos para corroborar. Más bien proporcionan una lista de alegaciones imposibles de verificar por parte del público o los gobiernos extranjeros. Además, en algunos países donde reportan su comercio de armas, un patrocinador o político con mucho poder puede facilitar actividades ilegales bajo un marco jurídico. Entre aquellas naciones que controlan el papel del comercio de armas, a veces las definiciones jurídicas de lo que constituye una actividad ilegal son vagas o contradictorias.

Algunos errores que se escapan a la vista en transacciones que parecen legítimas son: contratos o envíos que contienen más productos de los que se declaran, diferencias en los informes creando inconsistencias por año y países que clasifican las armas de manera distinta. Ello dificulta entender la producción, proliferación y justificación del comercio de armas, así como también la deuda que le acompaña, el comercio de trueque y las compensaciones implicadas.

Entonces, ¿cómo puedes indagar más a fondo y blindar tus investigaciones haciendo uso de datos públicos?

Un asunto privado

A no ser que un país esté embargado o sancionado, el comercio de armas entre naciones es un asunto bastante privado con pocos controles. Pero para iniciar tu reportaje, es útil comprender los procesos básicos de la venta de armas:

1. Un gobierno importador, por lo general, anuncia licitaciones, solicita proveedores en privado o ha recibido presiones de empresas extranjeras y gobiernos que buscan venderles. 
2. Luego, el gobierno que exporta autoriza la venta internacional de armas. Además, ofrece servicios y sistemas tecnológicos al importador. (Cada país tiene su propio proceso para esta aprobación).
3. Las armas las pueden fabricar y vender empresas privadas o, en su defecto, entidades gubernamentales o controladas por el gobierno.
4. Nota: las armas suministradas las puede fabricar y vender el gobierno exportador (como una “venta de carácter militar al extranjero” o el sector de defensa privada del país exportador (como un acuerdo “comercial”).

La mayoría de los países exportadores subsidia y protege su sector de defensa privado, como una parte crucial de la seguridad nacional y una herramienta para forjar alianzas geopolíticas. 

Los certificados de usuario final (los documentos más importantes que firma el gobierno importador) enumeran los bienes comprados y declaran que las armas solo se usarán para fines específicos, como “operaciones de entrenamiento, lucha contra el terrorismo, seguridad y estabilidad”. Uno de los objetivos de los certificados de usuario final es evitar el uso de las armas para atrocidades o violaciones a los derechos humanos y la reventa o “donación” a estados parias o entidades corruptas.

Sin embargo, la realidad es que muchas armas, en especial las de uso individual, pueden terminar en manos de otro. El embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Libia, por ejemplo, no afectó de forma considerable el flujo de las que entran a ese país. Las operaciones de bandera falsa, el secreto empresarial y el transporte a través de paraísos fiscales –como las Bahamas, Liberia y las Islas Marshall– han permitido al país la importación de artículos prohibidos o ilegales violando el embargo. Las empresas de maletín han facilitado que Libia adquiera vehículos militares blindados, armas y bombas de proveedores en los Emiratos Árabes Unidos y también de empresas de seguridad privada rusas.

Los países no siempre pagan en efectivo. En ese sentido, el financiamiento muchas veces juega un papel importante.

En Sudán se exportó oro desde Jebel Amir, una de las minas de oro más grandes de África ubicada en el territorio asolado por el conflicto Darfur, hacia los Emiratos Árabes Unidos. A cambio, las empresas de maletín registradas en ese país del Golfo suministraron vehículos para transportar tropas y otros materiales.

Las investigaciones sobre el tráfico de armamento enfatizan que el acceso fácil a las armas no solo apoya al crimen organizado, el autoritarismo y el conflicto, sino que también lo aviva. Durante 2020, mientras el COVID-19 causaba crisis en las economías y dejaba a los gobiernos cortos de dinero, Sudáfrica relajó sus protocolos de certificados de usuario final bajo la presión de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En lugar de que los inspectores de armas evaluaran la legitimidad de las transferencias, ahora los acuerdos estarían sujetos a “procesos diplomáticos” menos rigurosos.

Aun así, los periodistas de investigación que pueden cruzar fronteras internacionales cuentan con información para identificar, comprobar y corroborar aspectos cruciales. Ello se puede hacer con un análisis del traficante de armas y los sistemas que usa para realizar los acuerdos. Incluso, cuando los traficantes intentan romper los patrones de conducta o hacerlos más eficientes y discretos, es inevitable crear un patrón nuevo.

Casos de estudio

El mercader de la muerte

El emprendedor ruso Viktor Bout quizás fue el mayor traficante de armas de la historia. Se le llamó “el cartero más eficiente” del mundo por entregar todo tipo de cargamentos, en especial armas ilícitas. Su clientela del comercio de armas era compleja. Su empresa, que a menudo cambiaba de nombre y ubicación, abastecía a clientes como Ahmed Shah Massoud, líder de la Alianza del Norte en Afganistán, mientras que les vendía armas a los talibanes, enemigos de Massoud. Le vendió al gobierno de Angola y también a los rebeldes que buscaban derrocarlo. Envió una aeronave a rescatar a Mobutu Sese Seko, el líder tiránico de Zaire y a los rebeldes que luchaban contra él. También trabajó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el infame dictador Muammar Gaddafi, entre muchos otros.

Bout era conocido por vender armas ilegales, pero también estuvo implicado en el transporte aéreo de mercancía legítima. Realizó cientos de traslados para las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias. Hizo negocios con gobiernos occidentales, incluyendo el Reino Unido y Estados Unidos. El Pentágono y sus contratistas le pagaron millones de dólares para apoyar las labores de reconstrucción en tiempos de posguerra. 

Los investigadores Douglas Farah y Stephen Braun escribieron un libro sobre Bout, con base en su testimonio, el de sus conocidos y entrevistas con personal diplomático e individuos dedicados a hacer seguimiento a sus actividades. La publicación se llamó “Merchant of Death: Money, Guns, Planes, and the Man Who Makes War Possible”.

Rastreo de los códigos de cola

Los datos de aviación, incluyendo los códigos de cola, pueden revelar muchas cosas. Por ejemplo, la República del Congo (también conocida como Congo-Brazzaville) no ha reportado importaciones de armas en más de tres décadas y, como no hay un embargo de armas contra la nación, ningún ente internacional, como la ONU, le exige divulgar sus negocios con armas. Aun así, hay pruebas de que hace poco se importaron más de 500 toneladas de armamento de Azerbaiyán y se hicieron grandes transferencias antes de las elecciones, como en 2016 y 2021. 

Estos alijos de armas se usaron después de los comicios para suprimir a la disidencia, según los hallazgos de nuestra investigación en OCCRP. La mayor parte de la mercancía comprada por el gobierno azerbaiyano fue vendida o fabricada por Bulgaria y Serbia e incluía proyectiles de mortero, misiles, granadas y ametralladoras de alta potencia.

Los documentos muestran que algunos de los acuerdos ponían al gobierno de Arabia Saudita como “grupo patrocinador”. El patrocinio de Arabia Saudita ocurría a la par que la entrada del país petrolero República del Congo a la OPEP, el cartel de dominio Saudí que controla cuatro quintos del suministro mundial de petróleo. 

Tanto Azerbaiyán como la República del Congo funcionan en esencia como dictaduras familiares o nepotistas, mientras que Arabia Saudita está controlada por una monarquía. Rastrear los rótulos de los aviones reveló que al principio la Fuerza Aérea de Azerbaiyán transportaba las armas, pero desde 2017 las empezó a trasladar Silk Way Airlines, una empresa privada de transporte. Dicha compañía estaba ligada a la familia gobernante de Azerbaiyán y como transportista privada estaría bajo menos escrutinio que su contraparte militar.

El intermediario de Niger

En Niger, uno de los países más pobres del mundo, se gastaron casi mil millones de dólares en armamento entre 2011 y 2019 y se presume que funcionarios corruptos malversaron al menos 137 millones en negocios de armas con precios inflados. 

En 2016, el Ministerio de Defensa de Nigeria compró dos transportes militares y helicópteros de asalto a Rosoboronexport, la agencia del gobierno ruso a cargo de exportar equipamiento militar. La compra, con partidas presupuestarias exorbitantes para el mantenimiento y municiones, le costó a Nigeria 54.8 millones de dólares, 19.7 millones de dólares de más que no estaban detallados ni se podían justificar. El gobierno ruso recibió el pago a través de una sucursal de VTB, un banco cuyo propietario mayoritario es el gobierno ruso.

El Ministerio de Defensa le dio a un solo intermediario, Aboubacar Hima, un poder notarial en representación de Niger, que le permitía dirigir los contratos hacia sus propias empresas de maletín y manipular los acuerdos de manera que socavaran o eludieran la legislación y a los comités supervisores. 

También lo hizo como agente para empresas rusas, ucranianas, e incluso chinas, para controlar casi toda la información entre las partes involucradas. En ese momento, Hima era buscado también por el gobierno de otro país africano, Nigeria, país de África Occidental de donde era ciudadano. Y ya había testificado en juicios de tribunales estadounidenses relacionados con el tráfico de armas ilegales.

Las fuentes como documentos judiciales, folletos publicitarios y sitios web de empresas también pueden brindar información sobre los precios de venta de cantidades conocidas o comparables de armas. Incluso, las direcciones IP de los dominios pueden dar pistas invaluables. 

Consejos y herramientas

Al igual que en cualquier otra transacción de bienes, las armas se encargan, fabrican, documentan, compran, venden o intercambian y se transportan desde el remitente hasta el receptor. Plantéate investigar lo siguiente:

Registros de armas: En 1991, se creó el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas (UNROCA) para documentar el comercio oficial de armamento entre países, a través de divulgaciones voluntarias. Estos documentos son de acceso público y pueden ayudar a exponer el secreto por parte de un gobierno que no reportó sus ventas de armas, cuando sí lo hace la contraparte de la transacción. 

El registro incluye armas de uso individual, como ametralladoras pesadas y lanzacohetes. También sistemas de armamento, como vehículos blindados de combate, helicópteros de ataque y misiles de alto alcance. Un recurso igual de informativo es el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), que cuenta con informes por país, datos de gastos militares, transferencias y embargos de armas. Incluso, registra la ayuda militar entre naciones.

Registros de los medios de transporte: las bases de datos de aviación, como FlightRadar24 y FlightAware, pueden brindar información sobre los aviones, incluyendo los códigos de cola, país de registro y actividad reciente. 

Los foros de aviación, como r/aviation en Reddit o Airliners.net, proporcionan información única observada por los pilotos y tripulación técnica en el mundo. 

Asegúrate de revisar también la guía para rastrear aviones de GIJN y la plataforma de rastreo de aviones Icarus de C4ADS. 

Para los envíos marítimos, empieza por cómo rastrear barcos en el mar de GIJN y sigue con las bases de datos, como Marine Traffic, Import Genius y Panjiva, para ver información sobre rutas, productos, remitentes, receptores, fechas y direcciones. 

Al igual que los aviones, los barcos se deben registrar en un país y ser propiedad de un gobierno, empresa o persona. Una de las señales de alerta sobre los envíos son las jurisdicciones fiscales, que se especializan en el secretismo marítimo y aéreo, como Islas Marshall, Bermuda y Liberia, que legalmente protegen y comercializan estos registros.

Estructuras empresariales: además de identificar la propiedad y gerencia de las empresas a través de las bases de datos, busca la superestructura financiera y legal de las partes implicadas. Esto incluye los fines de la compañía, los países donde funciona, detalles de las empresas asociadas o relacionadas y la actividad profesional que realiza. 

Es crucial evaluar el origen de los bienes e ingresos, qué impuestos, pérdidas y ganancias se registran y dónde, así como la infraestructura financiera de la empresa y si hay alguna demanda en curso que pueda obligar a la entrega de pruebas. Ello requiere que se exploren datos públicos, como registros judiciales y fiscales, además de entender las leyes de cada jurisdicción y sus ventajas específicas.

Pero quizás la mejor herramienta que puede usar un periodista es la búsqueda de la respuesta a por qué las armas son fundamentales para la injusticia en el mundo que nos rodea. 

El acceso a las armas es un mecanismo que mantiene el autoritarismo de regímenes, como los de la República del Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial. También permite que los carteles de crimen organizado socaven las democracias y secuestren a las sociedades. Hasta que se hagan estas conexiones de forma clara y agresiva, con pruebas en lugar de campañas abstractas, las armas seguirán viéndose como una industria aislada y no como una moneda mundial que se usa para apostar sobre el futuro del planeta.

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Khadija Sharife es una periodista de investigación galardonada. Se unió a OCCRP en 2017 y es editora senior para África. Ex directora de la Plataforma para la Protección de los Informantes y ha contribuido en investigaciones sobre tala ilegal en Madagascar, corrupción en Angola y tráfico de armas en Costa de Marfil. Es becaria de periodismo de Yale Poynter 2021.