Así investigó Univision Data las debilidades de la defensa pública en Costa Rica

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Nota del editor: Este el el detrás de escena sobre cómo un equipo de Univision Data junto a un grupo de abogados investigaron los problemas que se esconden detrás del admirado sistema judicial de Costa Rica. El equipo trabajó durante cuatro años, analizando 8.000 sentencias judiciales y más de 11.000 crímenes en ese país. La investigación luego se amplió a otros siete países de América Latina. La conclusión fue que la región tiene dos sistemas de justicia: uno para aquellos con defensores privados y otros para aquellos con defensores públicos. El proyecto encontró que “los modelos de defensa pública en América Latina se están quedando cortos”, y que el trabajo perdió calidad. Además de Univision Noticias, también participaron periodistas de siete medios latinoamericanos: Animal Político (México), Plaza Pública (Guatemala), Semanario Universidad (Costa Rica), El Tiempo (Colombia), CIPER (Chile), Ojo Público (Perú) y Agência Lupa (Brasil).


Tras cuatro años de trabajo y 8.000 sentencias judiciales procesadas, revelamos que en Costa Rica una persona tiene más probabilidad de ser condenada en un juicio si tiene un defensor público que si tuviese uno privado.

Empecemos por decir que, en materia de estadísticas sobre la calidad del servicio de los defensores públicos —los que asigna el Estado a las personas sin dinero para defenderse en un proceso penal— en América Latina se vive una época de oscuridad. Prácticamente no existen cifras o estudios al respecto.

Mientras en Estados Unidos se encuentran fácilmente 13 investigaciones de alta calidad que comparan el trabajo de los defensores públicos y los privados, en Latinoamérica no hay ni una sola. O no la había hasta ahora que Univision Data publica una serie de reportajes a partir de un estudio que hizo en Costa Rica. Esta es, posiblemente, la primera investigación de su tipo en Latinoamérica.

¿Qué hicimos?

En los últimos cuatro años, un grupo de 10 abogados y periodistas invertimos muchas horas de nuestro tiempo libre para leer, una a una, poco más de 8.000 sentencias judiciales de los archivos digitales del Segundo Circuito Judicial de San José, Costa Rica durante las que procesamos 11.200 delitos.

Tras depurar los datos y analizarlos, finalmente construimos un modelo estadístico que utiliza 6.500 delitos con 16 variables que logran responder por primera vez a esta pregunta: ¿Qué tan probable es que una persona sea condenada por un juez si su abogado es público o si es privado?

La idea se originó en 2012, en un aula de la Universidad de Chicago, cuando el periodista de Univision Data, Alejandro Fernández, participó en un curso de métodos cuantitativos para investigación en ciencias sociales y descubrió la lógica detrás del modelo de regresión logística multilineal, en una clase del profesor Stephen Raudenbush.

¿Por qué lo hicimos en Costa Rica?

Alejandro Fernández es costarricense y conoce bien cómo funciona el Poder Judicial de su país. Comparada con otras naciones latinoamericanas, la institución tiene abundancia de información pública disponible a los ciudadanos –aunque no está sistematizada y es de difícil acceso– que garantiza la viabilidad de un proyecto de esta naturaleza.

El sistema de defensa pública costarricense se concibe como un modelo a seguir por otras instituciones judiciales latinoamericanas e incluso diversas publicaciones académicas asumen, sin evidencia, que su trabajo es mejor que el de los defensores privados. Por eso decidimos enfocarnos en este país.

Revelación

El estudio de Univision Data descubrió que en Costa Rica, la probabilidad de que una persona que tiene un defensor público sea condenada en un juicio penal, aumenta entre 12% y 26% en ciertos delitos, si se le compara con quien tiene uno privado.

En un mundo ideal, si el abogado es público o privado no debería importar en la probabilidad de condena del acusado. Pero en Costa Rica parece que sí.

Los hallazgos de Univision ponen en duda que en este país el estatus económico de los procesados penales no impacta las decisiones en la administración de justicia. Su caso lo estudiamos por más de cuatro años antes publicar nuestros reportajes. En total, en cinco de nueve tipos de delitos analizados, que concentran la mayoría de la información (75%) del estudio, las personas que tenían un defensor público mostraron una mayor probabilidad de ser hallados culpables por los jueces. En ningún escenario los defensores privados se mostraron en desventaja ante los públicos.

¿Cómo lo hicimos?

Para llegar a las conclusiones en Costa Rica, el economista que colabora con Univision Data, Andrés Fernández, utilizó un método estadístico de uso muy frecuente en las ciencias sociales pero prácticamente inexplorado por las salas de redacción periodísticas, llamado regresión logística.

Esta herramienta estima la probabilidad de condena, absolución y sobreseimiento de los acusados cuando tienen defensores públicos o privados, excluyendo la influencia que pueden tener en el resultado del proceso penal y otros factores.

Entre ellos el tipo de delito que se acusa; los años de experiencia de los abogados defensores, jueces y fiscales que participan en el proceso; el género de la víctima; el del imputado; si el proceso judicial es ordinario o abreviado (una variable usada para representar casos en los que el imputado tiene prueba contundente en contra o no) y si el acusado es nacional o extranjero.

El estudio intenta definir cuánto de la probabilidad de ser condenado en un proceso penal está explicado por el hecho de que alguien no pueda pagar su propio abogado y se le asigne uno del Estado, frente a quienes utilizan un defensor privado.

Bajo tal metodología, la investigación también examinó si el tipo de delito asociado con los usuarios de la Defensa Pública explica la desventaja de los abogados públicos que se desprende del análisis.

También sometimos a prueba si los peores resultados de los abogados públicos se explican por el hecho de que estos defienden muchos casos donde los imputados tienen abundante evidencia en contra. En promedio, el 73% de los procesos abreviados que analizamos le correspondió a la defensa pública.

En esos procesos, el imputado tiene tanta prueba en contra que acepta los cargos a cambio de una pena menor. No obstante, cuando se compara la probabilidad de condena excluyendo la influencia de esta variable, también se mantiene la desventaja asociada al defensor público en diversos delitos.

Nuestro método

Para realizar un proceso de tabulación ordenada de las sentencias judiciales, nos basamos en la herramienta de Google Docs que se utiliza para hacer encuestas. El cuestionario estaba compuesto por preguntas que cada colaborador respondía conforme leía cada sentencia. Así, cada registro tenía un autor y una hora y fecha de entrada en la base de datos en construcción.

Una vez que se introdujo toda la información, la base de datos cruda se sometió a un proceso de depuración, mayoritariamente ejecutado a mano, y en algunos casos con la técnica “web scraping” para extraer de Internet un identificador único y preciso para cada abogado que aparece en la base de datos (jueces, fiscales y defensores).

Con el modelo listo, Univision Data utilizó el software de análisis estadístico R para correr las regresiones logísticas.

El modelo estadístico de regresión nos brindó las tendencias centrales sobre la que planeamos nuestra historia periodística. También nos permitió construir una herramienta interactiva para que los lectores conozcan el efecto de cada factor analizado en la probabilidad de condena de un acusado penal, según el tipo de defensor que tiene.

Quien explore esta herramienta podrá encontrar hallazgos interesantes. Por ejemplo, cuando la persona acusada es mujer, la probabilidad de condena cae levemente en comparación con los hombres.

También que, conforme la experiencia del fiscal aumenta, baja la chance de que el imputado sea declarado culpable. Algo contra intuitivo que ilustra el siguiente gráfico y puede explicarse en que, conforme los fiscales ganan experiencia, prefieren negociar opciones que les permitan evitar un juicio, y con ellos una condena:

Investigar con lo mejor, no lo perfecto

Hacer periodismo investigativo con datos siempre implica trabajar con lo mejor disponible, no con lo óptimo o lo perfecto. Esto es más dramático en instituciones con un serio subdesarrollo en su gestión de información, como en el Poder Judicial de Costa Rica.

Sabemos que nuestra base de datos es perfectible y puede contar con algunas inconsistencias. Algunas sentencias judiciales contienen imprecisiones o carecen de información. Además, ninguna base de este tamaño, construida desde cero en un período de cuatro años está libre de algunos errores humanos.

Sin embargo, tras muchas depuraciones y pruebas científicas, no tenemos indicios de que los posibles errores existentes sean masivos e impliquen que los resultados centrales del modelo cambien drásticamente.

Finalmente, a nuestros hallazgos le sumamos el esfuerzo de otros siete medios de comunicación latinoamericanos –de Perú, Guatemala, Brasil, Colombia, México, Chile y Costa Rica– que convocamos y decidieron participar en un proyecto especial llamado “Los abogados de los pobres”. Cada uno investigó la defensa pública su país y revela hechos de altísimo interés público para los ciudadanos.

Aquí puede consultar el especial completo.


Ronny Rojas es periodista de investigación en Costa Rica. Es editor en el equipo de Univision Data y “Detector de Mentiras” en Univision News. Anteriormente estuvo en OCCRP y La NaciónPuede ponerse en contacto con él en rrojas@univision.net.

 

Alejandro Fernández Sanabria es un periodista de datos con base en Miami. Es reportero del equipo de Univision Data y de la plataforma de comprobación de hechos “Detector de Mentiras” en Univision Noticias. Anteriormente trabajó en el semanario El Financiero, en Costa Rica. Puedes contactarlo en afersanab@gmail.com.

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